De los siete penales de la entidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evaluó cinco y estos en general obtuvieron la peor calificación de todo el país, 4.92; reprobaron en aspectos que garantizan la integridad personal del interno, una estancia digna y en condiciones de gobernabilidad. (ARCHIVO)
En Tamaulipas, las actividades ilícitas como cobro de extorsiones y sobornos, persisten en los penales estatales y en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Altamira, sus cárceles son escenario de crímenes, motines y fuga de internos.
Algunos de estos hechos violentos se le atribuyen los enfrentamientos entre grupos criminales que tienen presencia en el estado como el Cártel del Noreste, en Nuevo Laredo; Cártel del Golfo, en Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria; en este último municipio también operan el Cártel del Noreste y la Vieja escuela Zetas; en Tampico, Madero y Altamira, hay presencia del Cártel del Golfo.
De los siete penales de la entidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evaluó cinco y estos en general obtuvieron la peor calificación de todo el país, 4.92; reprobaron en aspectos que garantizan la integridad personal del interno, una estancia digna y en condiciones de gobernabilidad.
El Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, en agosto de 2017, registró una riña entre personas privadas de su libertad, que dejó un saldo de nueve muertos y 11 lesionados.
A su vez, el penal de Nuevo Laredo, con una población de 795 internos, tuvo una fuga masiva de 141 personas en diciembre de 2010 y un año después, se repitió con otros 59 reclusos; el 19 noviembre de 2018 uno de los líderes del crimen organizado fue asesinado al interior del reclusorio.
En el Centro de Ejecuciones y Sanciones de Matamoros unos 41 internos se fugaron en marzo de 2010 y 14 reos más murieron en un motín ocurrido en agosto del mismo año.
Además, el penal de Ciudad Victoria obtuvo la calificación más baja de los cinco evaluados con 4.68; cuenta con una capacidad para 835 reos y alberga a 905.
En junio de 2017 registró una balacera y fuga de 29 internos a través de un túnel, así como un motín con saldo de cuatro muertos; el hecho más reciente ocurrió el pasado 4 de mayo con una riña al interior con un saldo de cuatro lesionados.
En tanto, en el Centro de Ejecuciones de Altamira entre sus hechos violentos destaca una riña en su interior con un saldo de 31 muertos en enero de 2012, mientras que en febrero de 2015, un hecho similar terminó con cuatro reclusos muertos.
Por su parte, en Tabasco, el diagnóstico sobre el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2018, la problemática de autogobierno no se identifica; tampoco se detecta a algún grupo de la delincuencia organizada y su calificación fue de 6.0.
La riña más reciente sucedió en abril de 2018 con la muerte de un reo que purgaba sentencia de ocho años por el delito de violación, a través de un arma blanca hechiza ante el supuesto robo que había hecho a otro preso.
El último escándalo dentro del Creset fue la exhibición en redes sociales el 1 de marzo pasado de un grupo de presos que golpeaban a un interno atado que acusaban de introducir drogas y de ser un soplón.
En Yucatán, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) calificó a los Ceresos estatales con un promedio de 6.83, lo que coloca a la entidad en el lugar 12 a nivel nacional.
La mayoría de las prisiones locales son utilizadas para reclusiones temporales, es decir, para delitos menores, como escandalizar en vía pública o en casa, agresión a la pareja, riñas en cantinas y robos. En ellas hay hacinación, carecen de baños, y su problema más grave es la falta de vigilancia permanente.
En el caso del penal de Mérida, el de mayor población recluida en sus instalaciones, tiene problemas de gobernabilidad, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y se detectó el ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad y la presencia de actividades ilícitas.
En el caso de Zacatecas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos estatal, María de la Luz Domínguez, lamentó la evaluación de los penales estatales, la cual fue de 5.53.
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en los dos años y medio de la actual administración estatal, en el Cerereso varonil de Cieneguillas se han registrado tres riñas, siete suicidios, seis homicidios y dos muertes naturales; mientras en el femenil, un deceso natural.
En el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) se reportaron 267 establecimientos penitenciarios estatales registrados al cierre de 2016.
De esta cifra 92 son recintos para hombres, 17 femeniles, 157 mixtos y un centro de alta seguridad para delitos de alto impacto.
En marzo de este año, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, emitido por la Secretaría de Gobernación y por la Comisión Nacional de Seguridad, señalaba que hasta ese mes, de los 198 mil 475 pobladores de las penitenciarías, 166 mil 179 eran del fuero común (83.73 por ciento) y 32 mil 296 (16.27 por ciento) eran del fuero federal.
En este sentido, el documento del Inegi se destaca la carencia de personal penitenciario para atender a los reclusos, “pues por cada ocho personas privadas de la libertad, hay una persona de custodia que los vigila”, describe el texto.
Asimismo, detalló que el presupuesto destinado a los Ceresos “es marginal respecto al presupuesto total de los estados”.
