Los homicidios no cesaron en estos primeros seis meses de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque es uno de los intereses más urgentes para el izquierdista y una de sus principales promesas de campaña. (ARCHIVO)
Los homicidios no cesaron en estos primeros seis meses de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque es uno de los intereses más urgentes para el izquierdista y una de sus principales promesas de campaña.
Pero hasta ahora, las medidas tomadas parecen indolentes y no logran frenar la ola de violencia en México, ante un López Obrador convencido que la Guardia Nacional, que entrará oficialmente en funciones el 30 de junio.
En los cuatro primeros meses del año suman ya 11,221 víctimas de homicidio doloso en todo el país, una cifra mayor a la de 10,512 personas asesinadas en el mismo periodo de 2018, según datos oficiales.
De acuerdo con expertos consultados con Efe, los números parecen indicar que los homicidios cerrarán el año en una cifra similar o superior a la del año anterior, el más violento de la historia de México, desde que empezaron los registros en 1997, al registrarse 33,369 asesinatos.
Si se agrega diciembre de 2018, mes en el que López Obrador tomó las riendas del país, la cifra de personas asesinadas asciende a 14,099 durante sus seis meses de mandato.
Si bien en abril las víctimas de homicidios dolosos descendieron en comparación con el mismo mes de 2018, esta disminución parece ser anecdótica para los analistas e incluso común, pues ya se ha dado en años anteriores, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa.
Además, el descenso fue mínimo. México registró 2,716 asesinatos en abril de 2019, solo 46 menos que en abril de 2018, de acuerdo a los datos que reporta mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La política de López Obrador para acabar con este problema se basa en un triángulo con tres vértices claros: eliminar la pobreza, crear una Guardia Nacional y legalizar las drogas para cortar el riego sanguíneo que mantiene vivo al crimen organizado.
Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo, especialista en medir e interpretar los índices de violencia, dice a Efe que con el nuevo presidente ha habido "incremento de homicidios, incremento de secuestro, incremento en extorsión, incremento en el delito de narcomenudeo".
El problema, interpreta Roel, emana principalmente del narcotráfico.
"El 80 % de los homicidios en México, y a veces el 90 %, dependiendo de la región, son ejecuciones de crimen organizado", asevera.
Para acabar con el problema, el experto propone la legalización de las drogas en el país, medida que estuvo presente en la campaña electoral y que está contemplada dentro del Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el equipo de López Obrador.
No obstante, todavía no hay avances al respecto.
Sí los hay en lo relativo a la otra gran medida para combatir la violencia: la Guardia Nacional, un cuerpo conformado por miembros de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina que genera cierto pavor entre organizaciones civiles y analistas.
El temor es que con este cuerpo se perpetúe la militarización del del país, donde el Ejército está presente en las calles desde la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y ha sido acusado de cometer violaciones a los derechos humanos.
Las leyes que regulan la operación de la Guardia Nacional entraron en vigor este martes y se espera que los integrantes empiecen a desplegarse por el país desde finales de junio.
La experta en análisis de seguridad y violencia Catalina Pérez, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expone a Efe que es peligroso "dar poder a los militares para hacer tareas de seguridad pública en el país".
Los militares lo harán, a ojos de la experta, "sin controles externos fuertes, sin tener claros cuáles son los límites de su competencia".
Pérez apuesta por potenciar los cuerpos de policía locales, aunque en esta materia "no se ha visto ningún tipo de esfuerzo".
"Al contrario, con la Guardia Nacional y la idea de que los recursos para operarla van a salir de los gobiernos estatales, eso significa que van a haber menos recursos para policías locales", explica.
En los últimos años numerosos organismos internacionales han condenado la presencia de militares en las calles mexicanas por su vinculación puntual a casos donde hubo violaciones de los derechos humanos.
Más de una vez se han reportado casos de tortura, violación, desaparición o asesinato.
Por último, la medida de atender la pobreza para evitar que los mexicanos incurran en actividades delictivas es posiblemente el discurso más repetido por López Obrador desde hace años, pero genera recelo a Roel.
"Está apostando (López Obrador) porque la pobreza y la desigualdad están relacionadas con la violencia y eso no es cierto", considera.
Sobre cómo cerrará el año México, Pérez lamenta que "es difícil pensar que va a cambiar el escenario de violencia sin tener un cambio concreto en las políticas que se venían haciendo".
Roel, por su parte, opina lo mismo y estima que "2019 va a cerrar muy cerca o por arriba de 2018" en número de asesinatos.
