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Ficrea, impunidad como regla

ALBERTO BARRANCO

Cuando al fin México logre la extradición de Rafael Olvera Amezcua, dueño de la financiera popular Ficrea y en base al proceso se le incauten sus propiedades en Estados Unidos, gran parte de los 6 mil 800 damnificados por el fraude que los dejó en la calle estará dos metros bajo tierra.

Bajo el señuelo de un rendimiento de 10% al año, varias decenas de ancianos colocaron en la ratonera los ahorros de toda su vida en la esperanza de sobrevivir de los intereses.

Estallado el escándalo hace cuatro años, la protesta se realizaba en silla de ruedas, con ayuda de bastones, y a veces con tanques de oxígeno en ristre, en el inicio en un largo calvario de tropiezos judiciales.

Colocada en la barandilla la responsabilidad por omisión en la supervisión de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los jueces la exoneraron.

Y aunque finalmente la financiera fue sometida a concurso mercantil que derivó en su quiebra, la esperanza renació cuando el síndico designado descubrió que el dinero se había desviado a 100 propiedades inmobiliarias y 18 automóviles de colección pautadas a nombre de Olvera o de sus familiares.

En este espacio; sin embargo, desde hacía un año habíamos documentado la vida plácida de éste en Estados Unidos, concretamente en Florida, detallando una por una las propiedades acumuladas a nombre de su hija.

En el episodio más vergonzoso, se le negó a los damnificados la posibilidad de un amparo contra actos del Presidente de la República, el Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La papa caliente se lanzó de uno a otro juzgado, del decimocuarto Distrito del Estado de México al Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, aduciendo falta de competencia.

Mientras a Hacienda se le acusaba de omitir el pago de ley a los defraudados, que en el caso de las financieras populares alcanzaba 25 mil Udis, a la Comisión Bancaria se le culpaba de negligencia al no cumplir su responsabilidad de inspección oportuna y no alertar a la clientela de la tragedia que se avecinaba.

Entre las omisiones de ésta estuvo el no ordenar una medida cautelar para asegurar el dinero en caja.

El escenario le permitió a Olvera huir con el botín, tras desviar a una firma relacionada, Leadman Trade, los recursos que se habían depositado en la financiera.

Expedida, cuatro años después, una orden de aprehensión contra éste por el delito de fraude y lo que resulte, a instancias del síndico de la quiebra, éste tuvo opción de esconderse en Texas mientras tramitaba un amparo en México.

Del total de defraudados sólo quedan en lista de espera 4 mil 300, quienes sólo han podido recuperar 20% del capital entregado.

En muchos casos los reclamantes son deudos de fallecidos.

Justicia de a mentiritas.

BALANCE GENERAL

En afán de presionar indirectamente al Congreso de Estados Unidos para hacer lo propio, ayer el gobierno de México le turnó al Senado al documento final de la negociación del acuerdo mercantil con Estados Unidos y Canadá… quien a su vez repitió el numerito de cara a su parlamento.

De acuerdo con las reglas, aunque se abrirán foros de consulta y el texto se analizará de cara a tres comisiones antes de turnarlo al Pleno, la opción de la Cámara Alta sólo es sí o no. No hay posibilidad de cambios o enmiendas al documento.

Como usted sabe, la Comisión de Comercio de Estados Unidos realizó un análisis en el que concluye que su país sacó la mayor ventaja del acuerdo trilateral que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El reto, pues, será convencer que nuestro país no fue arrollado, por más que se logró que fuera excluido del arancel global impuesto por el vecino del norte al acero y aluminio.

PATALEO DE “CHARROS”

Aunque la fracción priista en el Congreso le dio luz verde a la reforma laboral, los líderes obreros agrupados en el Congreso del Trabajo no asimilan aún el nuevo escenario ante un grave peligro de supervivencia.

Estos están promoviendo un amparo aduciendo violaciones al artículo 123 de la Constitución. Entre los puntos que impugnan está el que se haya añadido la palabra “directo” al ordenamiento de voto personal libre y secreto para la elección de dirigentes o para aprobar Contratos Colectivos de Trabajo.

La razón es simple, bajo el nuevo marco serán los propios trabajadores y no los líderes de las secciones sindicales los que acudan a las urnas. El escenario, naturalmente, facilitó por años las mil reelecciones de los líderes que se enriquecían ilegalmente en el cargo.

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