En Nuevo León los tratos crueles, inhumanos y degradantes, además del hacinamiento, la falta de medicamentos, de personal de atención médica y de custodios, son los principales problemas que aquejan a los internos de las penitenciarías estatales. (ARCHIVO)
En Nuevo León los tratos crueles, inhumanos y degradantes, además del hacinamiento, la falta de medicamentos, de personal de atención médica y de custodios, son los principales problemas que aquejan a los internos de las penitenciarías estatales.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 (DNSP) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cárceles de la entidad obtuvieron una calificación de 6.03.
Uno de los momentos más sangrientos en épocas recientes en el penal del Topo Chico, ocurrió el pasado 11 de febrero de 2016, con la muerte de 49 internos, cifra oficial, tras un enfrentamiento entre grupos antagónicos, el Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas.
En el tiempo que ocurrió el enfrentamiento, al interior de la cárcel se encontraban personas privadas de su libertad que pertenecían al Cártel del Golfo, grupo criminal que se presumía controlaba este centro, así como detenidos que formaban parte del Cártel de los Zetas.
El Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta también tiene su historia, pues tan sólo el pasado 10 de octubre de 2018, fallecieron en el interior del inmueble 16 internos y hubo más de 40 heridos, entre reos y policías estatales, en lo que se presume fue un intento de motín.
Los cuatro Ceresos de Nayarit ocupan el lugar 30 a nivel nacional en la evaluación de la CNDH con una calificación general de 4.99. Además cuentan con una sobrepoblación del 80.29 por ciento.
En Puebla, los penales registran sobrepoblación, hacinamiento, así como anomalías en la separación entre procesados y sentenciados, así como la falta de personal de seguridad y custodia, por ello fueron evaluados con 6.05.
El DNSP refleja que en dichos centros los derechos humanos aún son un asunto pendiente debido a que también detectaron deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias y falta de capacitación del personal penitenciario.
La abogada Anahí Margarita Báez Santos, miembro de la Asociación Civil Justicia Ciudadana, en entrevista con Notimex, dio a conocer que el último caso de motín se registró hace dos años en la cárcel del municipio de Libres.
La protesta se debió a que los presos demandaban mejor servicio en el comedor y más tiempo en el horario de visitas. En el acto no hubo muertos, ni lesionados de gravedad.
En el estudio Análisis de las Principales Dinámicas Económicas, Sociales y Políticas de los Estados con Mayor Problemática Penitenciaria, se expone que aunque Puebla aprobó en el DNSP 2017, la entidad muestra una tendencia decreciente en esta calificación.
De acuerdo con la recomendación general número 30 que en 2018 la CNDH emitió a los gobernadores, para el caso del estado se señala que los Centros de Reinserción Social de Puebla y de Tepexi de Rodríguez presentaron condiciones de autogobierno y cogobierno.
El Centro de Reinserción Social de Puebla tuvo condiciones de autogobierno y cogobierno entre 2011 a 2015, mientras que el Centro de Reinserción Social Tepexi de Rodríguez entre los años 2012 y 2013, de acuerdo con los datos de la recomendación. Estas situaciones fueron generadas por la incapacidad, omisión, tolerancia, corrupción y la coacción de la autoridad.
Por su parte, Querétaro cuenta con cinco centros penitenciarios, que reportan actualmente una ocupación del 64 por ciento y donde no se reportan incidencias en los últimos años ni se tiene conocimiento de que operen bandas criminales desde su interior.
Querétaro, junto con Guanajuato, está en primer lugar de los mejores evaluados con 8.21. En 2016 su calificación era de 7.70, la cual desde entonces aumentó y mantiene.
Datos proporcionados por la Secretaría de Gobierno estatal indican que en estos centros no ha ocurrido incidente alguno que vulnere la seguridad ni los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
El Índice de Estado de Derecho 2018 de la organización de la sociedad civil internacional World Justice Project, destacó que el Sistema Penitenciario de Querétaro es el más seguro y respetuoso de los derechos humanos en el país.
En tanto, todo el personal de los cuatro centros penitenciarios y la autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, están capacitados en la materia.
A su vez, Sinaloa también se encuentra entre los ocho estados peor evaluados con una calificación de 5.62 con tendencia decreciente. Aunque sus cuatro Ceresos no presentan conflictos de sobrepoblación, en los aspectos de gobernabilidad, reinserción social del interno y estancia digna quedan a deber.
En Sonora la autoridad tiene el pleno control de la estabilidad, orden y gobernabilidad de los 13 centros de reinserción social y no reportan brotes ni indicios de grupos de autogobierno ni cogobierno.
La calificación que obtuvo el estado en el DNSP es de 7.11 y en los últimos cuatro años ésta registró un aumento.
Al respecto, el director del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, expuso en entrevista con Notimex que en los penales estatales hay tranquilidad y desde diciembre de 2016 no se ha registrado ningún motín por parte de los presos.
En esa fecha, recordó, se presentó un altercado en el Cereso de Guaymas, en el que dos internos resultaron lesionados; también se presentaron daños materiales y no hubo pérdida de vidas humanas.
