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Represión Nicaragua

Atenderán a víctimas de crisis

La aprobación se dio de manera urgente por parte del Gobierno

La ley establece un Plan de Atención Integral en el que el Estado dará reparación del daño víctimas y sus familiares. (ARCHIVO)

La ley establece un Plan de Atención Integral en el que el Estado dará reparación del daño víctimas y sus familiares. (ARCHIVO)

EFE

El Congreso nicaragüense aprobó de urgencia una ley para dar atención a las víctimas de la violencia en el marco de la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos, en medio de la desconfianza de la oposición que denuncia una "amnistía" encubierta tras esa medida.

La ley, propuesta por el presidente del país, Daniel Ortega, y aprobada con la mayoría absoluta sandinista, establece la creación de un Plan de Atención Integral (PAIV) en el que el Estado proporcionará la atención y la reparación para las víctimas y sus familiares.

"El plan cubrirá a todas las víctimas y personas relacionadas sin distinción alguna en el contexto de los hechos ocurridos a partir del mes de abril de 2018", según la norma, que explica que la ley busca fortalecer el rol del Estado en la reparación y atención de todas las personas afectadas.

Entre otros, la ley ofrece a las víctimas acceso a salud, educación, trabajo, vivienda, ocio y recreación.

El sistema público de salud prestará atención médica a las víctimas en salud mental, salud psicosocial y rehabilitación; mientras en educación, el Estado garantizará la reinserción de las víctimas y sus familiares a través de becas de estudios.

El Estado también apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vidas, y garantizará que puedan acceder a las instalaciones deportivas, centros de recreación y todos los espacios públicos de forma gratuita.

Asimismo, las víctimas y sus familiares podrán optar a los programas de vivienda que tiene el Gobierno.

Corresponderá, según la ley, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos organizar y actualizar el registro de víctimas, así como el seguimiento a la atención brindada por todas las instituciones involucradas.

La norma, bautizada por diversos sectores adversos al Gobierno como "Ley del perdón", fue calificada por los opositores como una "amnistía parcial", aunque la misma no es explícita en otorgar ese tipo de beneficio a los responsables de los crímenes ocurridos en el contexto de la crisis.

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, advirtió que la ley "parcialmente viene a ser una amnistía", ya que el Gobierno podría incluir a los agresores entre las víctimas y mantener a los "presos políticos" en prisión o bajo medidas cautelares.

El Gobierno de Ortega ha sido criticado de forma continua por supuestamente hacer pasar a los agresores como víctimas y viceversa, especialmente en los casos de opositores que han sido asesinados, alegó.

El diputado del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera, denunció que la legislación "lamentablemente no incluye justicia", y aseguró que "el clamor general en este país es que haya justicia".

"Es falso todo lo que dicen", respondió a los opositores el diputado sandinista Filiberto Rodríguez. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en una mesa de negociación para superar el conflicto, ha advertido que el Ejecutivo busca aprobar una amnistía para proteger a los policías y personas afines a Ortega que han cometido crímenes durante la crisis que afecta al país, aunque aún no se ha pronunciado sobre la nueva ley.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 593 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 -que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"- y denuncia un intento fallido de golpe de Estado.

Ortega, que lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.

'El plan cubrirá a todas las víctimas relacionadas, sin distinción alguna en el contexto de los hechos”. (ARCHIVO)
'El plan cubrirá a todas las víctimas relacionadas, sin distinción alguna en el contexto de los hechos”. (ARCHIVO)

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