Las imágenes de los hechos de La Huacana, Michoacán, de este 26 de mayo son dramáticas. Un grupo de civiles secuestró durante horas a 11 soldados a los cuales amenazó y vejó exigiendo que se le devolvieran unas armas que le habían sido decomisadas previamente. "Quiero todas las armas, quiero que me las mandes en un carro particular a La Huacana -gritaba el líder en una llamada telefónica a un comandante militar--. Somos el pueblo, no somos gente armada. Aquí están los muchachos y vieras las caras que tienen". Al final la Secretaría de la Defensa decidió devolver las armas a cambio de los militares secuestrados.
Ni las policías ni las fuerzas armadas parecen tener la capacidad o la voluntad de enfrentar a los grupos armados que proliferan en Michoacán y en otras zonas del país. No es este el primer caso de personal de seguridad secuestrado y vejado por activistas o delincuentes. Lo peor es que los comandantes optaron por la peor solución posible: dar a los secuestradores lo que exigían.
No hay peor incentivo para los criminales que la impunidad. Cuando una persona se da cuenta que un acto criminal no solo no es castigado sino premiado buscará repetirlo. Los llamados grupos de autodefensa o policías comunitarios saben también que hoy pueden secuestrar a policías o soldados para recuperar armas o para cualquier otra petición.
Los especialistas en seguridad saben que ceder ante un extorsionador es la peor política posible. Lo único que se consigue es multiplicar las acciones criminales. El que los mandos militares hayan optado por esta opción en La Huacana es una pésima señal. No solo este grupo estará armado y podrá violar la ley a discreción, sino que otras organizaciones antagónicas no tendrán más opción que armarse para defenderse de sus rivales.
No sorprende que la violencia en Michoacán esté aumentando. En los cuatro primeros meses de 2018 se registraron en la entidad 406 homicidios dolosos, 324 con arma de fuego; en 2019 se han registrado ya 760 homicidios dolosos, 353 con armas de fuego (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). La decisión de gobiernos anteriores, que no ha sido revertida por el régimen actual, de permitir la proliferación de grupos armados, supuestas autodefensas o policías comunitarias, solo se ha traducido en una creciente violencia.
En ningún país desarrollado se permitiría a un grupo civil secuestrar a militares e intercambiarlos por armas decomisadas. Tampoco en esos países se considera aceptable que los policías, o los soldados, sean vejados y amedrentados. En Estados Unidos un policía tiene derecho a disparar en contra de cualquier persona que lo amenace, aunque no sea con un arma de fuego. Quizá por ello las tasas de criminalidad y de violencia son mucho menores a las que se registran en nuestro país.
El ex presidente Felipe Calderón tiene razón cuando señala que "Tiene que revocarse la orden presidencial que impide a los soldados defenderse. ¡Los militares también tienen derechos humanos!" Si algo nos dicen la teoría y la experiencia es que el Estado, en las palabras de Max Weber, debe tener "el monopolio del uso de la fuerza". La razón por la cual vivimos una situación de tanta violencia e inseguridad en varias entidades del país es precisamente por la falta de capacidad del Estado de asumir ese monopolio.
CRIMINALIZAR
El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, escribió ayer que "el aborto es un doloroso drama para la mujer. Criminalizarla es una profunda injusticia social, que no respeta su dignidad" ni sus derechos humanos. Coincido. Lo que debemos hacer como sociedad es reducir el número de embarazos no deseados, promoviendo la educación sexual y los métodos anticonceptivos, pero no criminalizar a las mujeres.
Twitter: @SergioSarmiento
