La guerra contra el narcotráfico, iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón, agravó la crisis de desaparecidos en el país. (ARCHIVO)
Para abordar la titánica tarea de encontrar a las más de 40,000 personas desaparecidas en el país, el Gobierno de México prioriza robustecer el débil registro nacional, informó este martes la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana.
En una conferencia de prensa la comisionada expuso que crear un registro sólido es primordial para poner en marcha un plan nacional de búsqueda a futuro, algo que no puede hacerse mientras en el registro se encuentren "carencias e inconsistencias".
"Hay nombres repetidos, hay información en donde solo tenemos un nombre y no tenemos dónde ni cuándo desapareció la persona", ejemplificó.
El último dato oficial dado por el Gobierno en enero fijó en 40,184 el número de personas desaparecidas.
No obstante, aclaró Quintana, la cifra corresponde a abril de 2018, por lo que desde hace más de un año no se actualiza el registro.
A nivel de las entidades federativas, lamentó que aún no tienen "el número concreto de personas desaparecidas en cada estado".
"Tenemos la obligación y estamos trabajando en eso, en actualizar ese registro", reiteró la funcionaria pública, quien compareció por el cumplimiento de los 100 días desde que se reactivó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Desde que se reactivó esta comisión el pasado mes de marzo, se han recibido 481 reportes de personas en paradero desconocido.
Según precisó Quintana, de estas se han encontrado alrededor de 15 personas con vida y 4 muertas.
México localizó 222 fosas y 337 cuerpos desde diciembre, Y será a finales de mayo cuando se den cifras actualizadas.
No obstante, se estima que hay al menos un millar más en el país.
La comisionada también insistió en que, cuando se tengan datos más precisos, se podrán entender mejor las causas de las desapariciones.
"Entre más información tengamos en el registro de personas desaparecidas, mayor información tendremos de los contextos, de los 'modus operandi' de las desapariciones", aseguró.
Asimismo, recordó que, aunque la delincuencia organizada tiene mucho que ver en los secuestros, muchas veces se crea un estigma en torno a las personas desaparecidas "asumiendo que estuvieron implicadas en una actividad delictiva".
"La práctica nos dice que eso es incorrecto", zanjó.
La desaparición también "ha sido cometida por agentes estatales" o por grupos que se dedican a la trata de personas.
En algunos casos emblemáticos de desapariciones en México fue el Estado el que perpetró los actos, tal como ocurrió en el caso de los cinco desaparecidos de Tierra Blanca, Veracruz, en 2016, o en la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero, en el que estuvieron implicados fuerzas de seguridad.
En estos primeros 100 días en que la Comisión se puso en marcha también se han hecho esfuerzos por "regionalizar" los planes de búsqueda.
Esto implica que las instituciones presentes en los distintos estados colaboren con esta Comisión Nacional.
"Desde el 24 de marzo que fue la reinstalación del sistema teníamos un aproximado de 13 comisiones de búsqueda (locales). Ahora tenemos 20 y tenemos otras nueva más en puerta de su creación", aseguró.
En este plan regional es imprescindible la colaboración de las familias, con las cuales ya se han reunido en múltiples ocasiones.
También se ha avanzado en la creación de una unidad para buscar a las personas desaparecidas forzadamente en el periodo denominado como Guerra Sucia en México, librada entre el Estado y los movimientos opositores.
En ese periodo, entre 1960 y 1970, las Fuerzas Armadas realizaron actividades de detención, tortura y exterminio.
Por último, Quintana enfatizó en que se está avanzando hacia un "protocolo homologado de búsqueda".
"Tenemos más de un año sin protocolo homologado de búsqueda, una vez tengamos el borrador lo pondremos a disposición de las familias", concluyó.
Actualmente la tragedia de desapariciones acumula, según datos oficiales, más de 40,000 casos, 26,000 cuerpos sin identificar en morgues y 1,300 fosas clandestinas.
DESAPARICIONES EN GUERRA CONTRA NARCOTRÁFICO
El 11 de mayo de 2015, Jhonit Enríquez Orozco, de 23 años, trabajador de una empresa que presta servicios a Pemex, descansaba en su casa de Coatzacoalcos, cuando un grupo de policías estatales de Veracruz irrumpió violentamente en la vivienda y se lo llevó.
De nada valieron todos los esfuerzos de su familia por buscarlo en todas las comisarías, agencias del Ministerio Público u hospitales de la ciudad, la zona y el estado: sencillamente lo desaparecieron, como han hecho con miles de personas durante la llamada "guerra contra el narcotráfico".
Su hermana Lenit Enríquez es una de las miles de mexicanas que, improvisada y dramáticamente, se han visto obligadas por las circunstancias a aprender el "ABC" de la desaparición forzada, como parte del colectivo "Madres en Búsqueda".
Lenit Enríquez narró que esa noche se puso en marcha el operativo "Blindaje Coatzacoalcos", que supuestamente buscaba delincuentes. Al igual que a su hermano, otros trabajadores, uno de ellos de la CFE, fueron desaparecidos con el mismo modus operandi.
Ninguno de ellos había cometido delitos ni había sido detenido, y no se conocían entre sí, pero la autoridad hizo creer que eran delincuentes, aunque sus familias los consideran víctimas de la descomposición que propiciaron los gobernadores Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes.
No obstante, también son víctimas de la llamada "guerra contra el narcotráfico", declarada en 2006 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, quien más tarde negó haberlo hecho.
Esta estrategia obligó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública, lo que, según especialistas, ha incrementado la violencia y el número de ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas.
El estudio "Seguridad Pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar. La evidencia en México 2006-2012", coordinado por Ernesto López Portillo Vargas, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, ofrece cifras reveladoras.
Entre los años 2007 y 2018 se produjeron cuatro mil 250 enfrentamientos de fuerzas públicas diversas contra civiles, entre los cuales 75 por ciento fueron con militares, 18 por ciento con la Policía Federal y siete por ciento con marinos.
El estudio cita cifras obtenidas por expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes identificaron, tan sólo entre los años 2008 y 2014, a mil 755 civiles muertos en enfrentamientos con militares.
De los años 2012 a 2016 se abrieron 505 investigaciones contra soldados por crímenes contra civiles, donde destacan el enfrentamiento con maestros en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó seis muertos y la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.
En la recomendación 51/2014, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre estos hechos, se concluye que la madrugada del 30 de junio de 2014, en Cuadrilla Nueva, parte de la comunidad de San Pedro Limón, elementos del 102 Batallón de Infantería violaron el derecho a la vida de 22 personas, incluida una menor de 15 años.
Lo que el Ejército presentó en principio como un enfrentamiento con saldo de un soldado herido y 22 presuntos delincuentes muertos, se comprobaría más tarde como una ejecución extrajudicial y se convertiría en un caso paradigmático de las violaciones graves a los derechos humanos por parte de militares y policías metidos a labores de seguridad pública.
"Las privaciones arbitrarias a la vida se efectuaron de forma deliberada, sin existir justificación de por medio y de forma intencional. Las víctimas se habían rendido y pudieron presenciar cómo se les daba muerte a algunos de sus compañeros, antes de ellos mismos perder la vida" (párrafo 244 de la recomendación).
"En el presente caso, el uso de la fuerza letal fue injustificado debido a que las víctimas, al encontrarse rendidas, sometidas y desarmadas, no representaban una amenaza para el personal de las Fuerzas Armadas" que, sin embargo, les disparó de frente a 60 centímetros de distancia.
Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), explicó en entrevista que hay una correlación directa entre el incremento en los niveles de violencia y la presencia de militares en tareas de seguridad pública.
La razón es simple, pero contundente: mientras los policías buscan detener a los delincuentes, los militares tratan de "anularlos", es decir, matarlos.
Al realizar tareas de seguridad, los militares buscan amenazas y responden con fuego. De hecho, la mayoría de los enfrentamientos empiezan con disparos de los militares quienes, además, tienden a torturar con choques eléctricos o asfixia a quienes llegan a detener.
El estudio "Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar", arriba citado, señala que de las 204 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos entre los años 2007 y 2017, 148 implican a elementos de las Fuerzas Armadas.
Se identificaron en el mismo lapso, 45 casos de asesinatos con 91 víctimas; 43 de desaparición forzada con 118 víctimas, y 204 situaciones de tortura con 389 víctimas, en los que estuvieron involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.
"Las Fuerzas Armadas son las que con mayor frecuencia torturan a los detenidos", especialmente, son frecuentes las violaciones por parte de la Marina en 41 por ciento de mujeres y cinco por ciento de hombres, y por parte del Ejército, con 21 por ciento de mujeres y cinco por ciento de hombres.
Héctor Cerezo, del "Comité Cerezo", organización dedicada a la lucha contra la desaparición forzada, señaló en entrevista que desde 2006, en el contexto de la "guerra contra el narcotráfico", 170 defensores de derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada.
Han sido asesinados 250 luchadores sociales que, en su mayoría, eran fundadores o dirigentes de sus propias organizaciones, con la evidente intención de desincentivar la lucha social.
Cerezo, víctima indirecta de desaparición forzada, señaló que en los seis meses que lleva el nuevo gobierno y pese al discurso oficial, las organizaciones no han sido recibidas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, encargado de este tema.
No obstante que desde diciembre se entregaron todos los expedientes de los casos que tiene documentada la organización (centrados sobre todo en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas), a la fecha no se ha recibido respuesta concreta.
La desaparición forzada sigue siendo un tema grave que se debe de asociar con la aparición de cientos de fosas clandestinas.
De hecho, las cifras que ha dado a conocer el subsecretario Encinas Rodríguez parecen mucho menores al tamaño real del problema, ante los más de 38 mil casos que se calculan acumulados de 2006 a la fecha, y que incluyen situaciones paradigmáticas como Ayotzinapa.
