Lozoya ha sido acusado presuntamente por lavado de dinero en relación con la adquisición de una planta de fertilizantes que Pemex compró bajo su gestión con un sobreprecio de más de 500 millones de pesos. (ARCHIVO)
La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, presentó un amparo para saber si existe o no una orden de aprehensión en su contra.
En entrevista telefónica con El Universal, Javier Coello, abogado de Lozoya confirmó que la tarde de este martes, luego de que se difundiera la posible emisión de una orden de aprehensión contra su cliente, presentó el juicio de garantías.
"Ante los rumores lo tengo que hacer, lo presentamos al filo de las tres de la tarde voy a esperar a ver mañana a qué juzgado le toca y lo de la suspensión", explicó.
"Le pedimos a un juez federal que nos diga si existe o no existe y de qué se le acusa".
El abogado indicó que ya habló con su cliente, quien afirmó que se encuentra aún en el país y está molesto porque desde hace dos años se le está señalando por posibles actos de corrupción.
Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que bloqueó las cuentas del exfuncionario y de Altos Hornos de México, sin embargo, de acuerdo con Coello Trejo ni Lozoya ni su familia han sido notificados de ello y aún pueden acceder a su dinero.
"Si afectaron las cuentas nos tendrán que notificar para podernos ir al amparo porque el señor de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ninguna facultad para congelar cuentas, pero él lo hace y está en su derecho y yo estoy en mi derecho de defender a mi cliente", agregó.
Emilio Lozoya Austin dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Santiago Nieto, congeló las cuentas bancarias de Lozoya así como las de la empresa Altos Hornos de México.
En su comunicado, la UIF afirmó tener indicios de corrupción en transacciones tanto de Lozoya como de Altos Hornos.
Previamente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Lozoya por un periodo de 10 años para desempeñar cualquier cargo público, acción que la defensa de Lozoya, dijo, se alista a impugnar.
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