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EDITORIAL

Reformular políticas para frenar inseguridad

FRANCISCO RIVAS
martes 28 de mayo 2019, actualizada 7:14 am


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La presente administración federal es probablemente la más productiva en términos de la información que genera acerca de su ruta y destino, sin embargo, un exceso de información no siempre coincide con mensajes claros que establezcan rumbo, camino y medios con los que se piensa lograr los objetivos.

Por ello, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) decidimos entender si esa enorme cantidad de información es un insumo clave para decidir y evaluar en materia de seguridad y justicia. De esta manera presentamos el documento "Cimientos de las políticas de seguridad: primeros pasos y tareas pendientes", donde se analizó la totalidad de las conferencias matutinas del presidente López Obrador, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad.

Además, enviamos un cuestionario a los Gobiernos que tuvieron cambio de gobernador para que expresaran los principales tópicos de sus políticas en materia de seguridad y justicia, el presupuesto necesario y la transformación institucional requerida.

Solo Guanajuato, Jalisco y Yucatán respondieron a todo el cuestionario, Morelos envió una parte y los demás optaron por la opacidad y no rendirle cuentas a la sociedad. Destacan, Tabasco y Veracruz, entidades que contestaron que carecían de un plan.

Los hallazgos en materia federal pueden resumirse en tres rubros:

Políticas innovadoras pero que requieren mayor precisión legal y presupuestal. Políticas que deben ser fortalecidas en su diagnóstico y líneas de acción dentro del PND y ENSP. Políticas que deben ser reformuladas si se busca generar un impacto positivo.

En general, podemos identificar huecos entre propuestas y planes, falta de definición de indicadores, contradicción en los indicadores, contradicción en los objetivos de algunas políticas.

La implementación de procesos de justicia transicional y la presencia considerable de la perspectiva de derechos humanos, se presenta como un avance.

En materia de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, lo establecido exhibe una propuesta de corte general que olvida los procesos puestos en marcha -no se hace mención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas-, lo que puede llevar a repetir acciones sin mucho éxito.

También deben ser reformulados los objetivos y fines de la Guardia Nacional para generar certidumbre en el mando de las coordinaciones estatales.

Así como hay políticas innovadoras, políticas que deben ser fortalecidas o que deben ser reformuladas, hay ausencias que debemos destacar:

Reforma del Sistema de Justicia Penal. Reforma en materia de Amparo. Reforma en materia de Derechos Humanos. No se mencionan medidas para fortalecer la Fiscalía General de la República. No se mencionan medidas para fortalecer las procuradurías estatales. No se identificó alguna alusión a las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. No se menciona la Coordinación Nacional Antisecuestro. Se carece de una directriz para mejorar la gobernanza en el tema de seguridad con la ciudadanía. Falta de indicadores de impacto en el ejercicio de los recursos para la seguridad de los estados. Ninguno de los documentos se refiere a la Iniciativa Mérida ni a sus aportaciones.

La pasada década dejó millones de víctimas directas e indirectas del delito y la violencia, no podemos seguir permitiendo políticas y reformas sin sustento que mantienen viva la actual crisis y que, si no se refuerzan, seguirán produciendo los terribles efectos que como sociedad hemos pagado.

Twitter: @frarivasCoL

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

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