La normatividad que rige la vida jurídica de un sector nacional, debe estar adecuada a la realidad social requerida para su desarrollo, de lo contrario sería estático y condenado al caos legal y al desastre productivo agroalimentario.
México se encuentra en la actualidad en una etapa, por demás, dinámica, que requiere de cambios prontos y positivos dentro de su estructura legal agroalimentaria para que de esta manera se dé respuesta a las exigencias sociales que reclaman este cambio, tanto en el ámbito nacional, como local y municipal.
El sector agropecuario nacional, que conlleva a campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, profesionales y productores en general, se encuentra en este proceso de adaptación jurídica y que a raíz del fundamento constitucional, sobre todo en lo que se refiere al artículo 27 y específicamente la fracción XX, debe de ir a la par con el progreso nacional y sentar las bases legales para las exigencias nacionales dentro del marco de la competencia del mercado internacional, en cuanto a producción agropecuaria se refiere.
Se pretende poner a disposición del productor agropecuario, servidor público, investigador, docente y toda persona interesada en el papel que desempeña dentro de la producción nacional, las leyes, reglamentos, decretos y Normas Oficiales Mexicanas y demás herramientas jurídicas que le permitan sentar las bases para su actividad productiva agroalimentaria y mejorar sus condiciones de vida a través de la productividad que él mismo desarrolla.
La actividad agropecuaria tiene diversas facetas: profesional, agraria, agrícola-ganadera, sanitaria, crediticia, hacendaria, ecológica, civil, mercantil y agroindustrial. Cada una de estas al convertirse en normatividad, agrupa a su vez a las leyes y reglamentos que le corresponden según el giro de la actividad, para que de esta manera el sector productivo agropecuario nacional tenga una sólida base para su desarrollo. Con esto, el productor, en su ardua labor, hace valer sus derechos y ejerce sus obligaciones frente a terceras personas.
El principio general de este cúmulo de normas lo adquiere a través de la propia Constitución Política Mexicana y es ella quien le da la supremacía para su cumplimiento, por el rango supremo dentro del sistema nacional.
Sirven de complemento para el cumplimiento de estas normas agrarias, dos ramas del derecho: Constitucional y Administrativo, la primera de ellas por ser la norma suprema y la segunda por tratarse de la organización y funcionamiento de la administración pública en sus servicios centralizados, descentralizados y desconcentrados. El sector oficial al servicio del productor agropecuario tanto en el ámbito federal como en el estatal y municipal, ya que el compromiso no se limita a un ámbito determinado de aplicación.
Las disposiciones legales comprendidas aquí abarcan leyes, reglamentos, circulares, avisos, notificaciones, Normas Oficiales Mexicanas y toda norma que rige la vida rural, tanto en lo relacionado con la producción agrícola, como ganadera y silvícola, preservando el medio ambiente, por lo que se refiere a la flora y fauna silvestre y todo aquello que de alguna manera colabore con el equilibrio ecológico. Esto quiere decir que estas normas aplicadas al campo no se encuentran aisladas o sean autónomas, sino que se relacionan continuamente con otras normatividades para completar su aplicación dentro del entorno oficial. De aquí el apoyo del Ministerio Público y el cuerpo de seguridad pública cuando se trate de la comisión de un delito (por ejemplo: abigeato).
Finalmente, estos textos jurídicos sirve al profesional agropecuario en su actividad, dentro del campo, y en toda agroempresa, incluyendo su preparación profesional en el aula, ya que le permite el conocimiento previo de las reglas legales que le permitirán saber desde los requisitos indispensables como pasante de su carrera y las disposiciones legales, ya como profesionista y dentro de su actividad en el campo sirviendo al productor o formando parte de una agroempresa y la manera como administrativamente le apoya en su producción.
Estas normas agropecuarias, al no ser estáticas, se estarán adaptando continuamente a las exigencias productivas nacionales tanto en la aplicación federal como en la de los estados y municipios, siempre en beneficio del productor, protagonista en la tarea incansable de elevar la producción de alimentos de origen vegetal y animal.
Por su parte, las instituciones oficiales de apoyo al campo, deben de aplicar los planes y programas productivos, dándole la adecuada promoción a través de las agrupaciones de productores y que los financiamientos lleguen oportunamente a quienes lo necesitan, con estricta aplicación de la Ley de Transparencia y con el debido apego a la vocación de servicio que debe caracterizar a todo servidor público.
