La alcaldesa María Luisa González Achem expuso que han ejercido casi 14 millones de pesos. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Al día de hoy, el ayuntamiento de Lerdo ha liquidado a 31 extrabajadores municipales beneficiados con el laudo laboral, que tocó a la actual administración municipal pagar.
En esos 31 extrabajadores se han gastado 13.5 millones de pesos. El laudo total representó desde el 2018 (cuando se agotó el último recurso legal del municipio para evitar hacer frente a esta gran erogación) una obligación de pagar a los más de 80 demandantes, la cantidad de 145 millones de pesos.
La gran mayoría de los extrabajadores que resultaron beneficiados son de primer y segundo nivel, por lo que desempeñaban puestos de jefaturas o direcciones.
La demanda que ellos interpusieron por despido injustificado fue en diciembre del 2007, pero ninguna administración municipal lo resolvió a tiempo y en lugar de ello, estuvieron agotando recursos legales para evitar el pago durante más de 10 años, por lo que para el año 2015, ya se había incrementado considerablemente el pago de los derechos que los extrabajadores reclamaban.
Originalmente se habría podido arreglar este problema con no más de 3 millones de pesos, es decir, por evitar pagar dicha cantidad en el 2007 y años siguientes, ahora el Ayuntamiento está obligado a pagar una cantidad que equivale a dos veces el presupuesto ejercido en el rubro de Inversión Pública del que dispuso Lerdo en 2018.
"Saben que esa demanda histórica ya la tenía el municipio. Esta administración ha liquidado a 31 de los demandantes y hemos pagados alrededor de 14 millones de pesos. La gran mayoría labora o laboraron en los gobiernos municipales, estatales y federales. Es una carga fuerte, económica para el municipio", dijo la alcaldesa, María Luisa González Achem, quién aseguró que en lo que corresponde a su administración, no ha tenido demandas laborales.
Luis Azpilcueta, director jurídico del ayuntamiento de Lerdo, dijo que este laudo es uno de los más grandes que hay en el país y que es un boquete financiero para cualquier administración. De los 31 extrabajadores liquidados, 11 recibieron montos que van de los 500 mil a los 750 mil pesos. Otros arriba de 2 millones de pesos.
Este proceso ha sido muy largo, ha habido 350 audiencias, el Tribunal Laboral Burocrático ha regresado el expediente 10 veces y personal jurídico ha estado en tribunales colegiados 6 veces, además dos veces que se ha tratado este asunto en la II Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para ayudar con el pago de este laudo, que es de más de 140 millones de pesos, el gobierno de Durango apoyó con 3 millones 600 mil pesos.
La alcaldesa agradeció al gobernador de Durango por su aportación: "Desde aquí mi más sincero agradecimiento al señor gobernador por esta ayuda".
Aunque son 14 millones de pesos los erogados, solo dos de ellos se han ejercido en el pago de laudos en lo que va de este año 2019, pues para finales del 2018, el importe ejercido en estos laudos (que fueron realmente cobrados), fue de 12 millones 372 mil pesos.
Desde el año pasado, se proyectó una erogación municipal tope de 2 millones de pesos mensuales para liquidaciones por concepto de este laudo laboral.
Y es que en el caso del laudo, la última resolución dictada por la SCJN en marzo del 2018, no favoreció al Ayuntamiento en cuanto al último recurso interpuesto por la presidencia en octubre de 2017, para dejar sin efecto un laudo dictado en el año 2015 por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en Durango, mismo que desde entonces ya favorecía a los extrabajadores.
En 2018, el ayuntamiento de Lerdo tuvo un intento de obtener recursos para pagar la totalidad del adeudo a los extrabajadores y cumplir de una sola vez con el laudo, solicitando al Congreso de Durango su aval.
No obstante, en junio del 2018, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado rechazó la petición de avalar un crédito por 100 millones de pesos para que el Ayuntamiento de Lerdo pagara el laudo laboral, fundamentando esta acción en congruencia con las modificaciones realizadas desde el 2016 a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, misma que tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos.
De acuerdo a la citada ley federal, los diputados locales establecieron que serían congruentes al no autorizar endeudamientos que no sean destinados para inversión pública.
