Enfrascadas durante años en una serie de demandas y contrademandas de cara a la administración de una empresa conjunta para producir aceites automotrices, finalmente Petróleos Mexicanos y Mexicana de Lubricantes, quien había cambiado su razón social a Akron, llegaron hace nueve años a un acuerdo… que no tiene validez jurídica.
El engaño lo descubrió la nueva administración de la empresa productiva del Estado, a la luz de documentos que se guardaban bajo siete llaves.
De entrada, pactado el acuerdo con el presidente de la firma matriz de la socia de Pemex, Impulsora Jalisciense, Salvador Martínez Garza, hete aquí que la firma estampada en el contrato de finiquito es falaz.
De acuerdo con el perito Luis Fermín Cal y Mayor, quien certificó el asunto a petición del Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, las tres firmas del empresario “no proceden de su puño y letra”.
Más a detalle, el peritaje entregado el 19 de septiembre de 2014 señala que éstas son producto de una falsificación por el método de simulación, siendo el actor una persona sana.
De acuerdo con el argumento avalado por Pemex, Martínez Garza enfrentaba en ese momento un cuadro de cuadriplejia que le provocaba incoordinación de los miembros superiores. En paralelo, el funcionario que firmó por parte de Pemex, José Agustín Portal y Airosa, entonces asesor del director general de la petrolera, Juan José Suárez Coppel, no tenía facultades para hacerlo.
El documento dejaba de lado las demandas penales interpuestas contra Akron por supuesta administración fraudulenta, además de posibles quebrantos millonarios a la sociedad que para entonces había cumplido 20 años.
En el borrón y cuenta nueva se dejaron de lado adeudos de la firma con Pemex Refinación por casi 5 mil millones de pesos.
En la antesala de fumar la pipa de la paz, los consejeros de la empresa mixta por parte de Pemex, que habían planteado una y otra denuncias, aprobaron los estados financieros de 2001 a 2011, a pesar de la inconsistencia de documentos comprobatorios.
Mexicana de Lubricantes surgió durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari al privatizarse parcialmente las plantas de Pemex en materia de aceites y lubricantes. La empresa que adquirió los activos, Impulsora Jalisciense, se creó exprofeso, recibiendo una serie inaudita de prebendas que escalaban desde exclusividad para venta de sus productos en las gasolineras de Pemex durante 20 años, hasta el uso a título gratuito de las marcas que producía Pemex.
El regalito se mantuvo vivo durante una década, creándose finalmente una nueva marca, Akron, la razón social que firmó el finiquito.
Polvos de aquellos lodos.
BALANCE GENERAL
El eje de los dimes y diretes entre Oceanografía y Administradora Naviera del Golfo es una demanda del Rabobank en reclamo de los barcos que mantiene la segunda, cuya propiedad reclama la firma Naviera Naranja.
Este, a su vez, le está reclamando judicialmente a la primera un monto aproximado de 60 millones de dólares por la explotación de los navíos.
La querella está radicada en los juzgados 40 y 54 de lo Civil de la Ciudad de México.
En el primer juicio se han involucrado la propia Oceanografía, cuyos barcos de la discordia estaban en su flota hasta la fase previa al concurso mercantil que enfrentó; CitiBanamex, Floris B. Iking y Jorge Asali Harfuch.
En este caso el asunto se dirime en el juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la propia Ciudad de México.
PUNTILLA A ORO NEGRO
En lo que representa el golpe de gracia para la empresa propiedad de los primos Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, el Juez Segundo en Materia Civil de la Ciudad de México acaba de expedir una resolución que le obliga a entregar a sus acreedores las cinco plataformas marinas con que operaba.
Estamos hablando de fondos extranjeros e inversionistas que adquirieron papeles de deuda con la cual se financió la compra de los activos.
En la piñata están 5 mil millones de pesos del ahorro para el retiro de los trabajadores con los cuales se adquirió parte de una emisión de Certificados de Capital de Desarrollo, conocidos como CKD.
Las plataformas se arrendaban a Petróleos Mexicanos, que unilateralmente bajó el monto de la renta hasta finalmente sacar a la firma de la jugada, quien reviró vía una demanda en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
