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Nacional

Investigan a esposa e hijos de Roberto Sandoval

El PRI por su parte pidió el apego a la ley y el respeto a la presunción de inocencia

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO, domingo 19 de mayo 2019, actualizada 9:59 am

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene en la mira también a la esposa y a los dos hijos del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, señalado de recibir sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Cuinis, el brazo financiero de la anterior organización, y de los Beltrán Leyva.

Ana Lilia López Torres, esposa de Sandoval, Pablo Roberto y Lidy Alejandra Sandoval López son señalados de ser prestanombres del exmandatario priista que gobernó su estado natal de 2011 a 2017.

Según la ficha sobre la red de corrupción del exgobernador, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, Sandoval Castañeda controlaba, a través de su familia, tres empresas y una asociación civil.

Se trata de las firmas Bodecarne, S.A. de C.V.; Iyari Alto Diseño Huichol, la compañía L-Inmo, S.A. de C.V., y la asociación civil Valor y Principio, con domicilios en los estados de Nayarit, Jalisco y la Ciudad de México, respectivamente.

Hace un año, Lidy Sandoval López promovió dos amparos ante un tribunal para echar abajo el aseguramiento de tres inmuebles reclamados por su padre, cuyo valor superan los 2 millones de pesos, los cuales les fueron negados.

Reclamó los aseguramientos de los inmuebles ubicados en el lote número 7 de Paseo de los Bosques, en el Coto Bonavida, del fraccionamiento Bonaterra Habitat Residencial y del número 6, manzana 1 de Vialidad Privada, en el fraccionamiento Lago David, ambos en el municipio de Tepic, Nayarit.

Sin embargo, la Comisión de la Verdad, un grupo de ciudadanos nayaritas que fueron víctimas del exfiscal del estado Edgar Veytia, aseguró en 2018 que son más de 30 los parientes y amigos cercanos que fungieron como prestanombres de Sandoval; la lista incluye a esposa, hijos, hermanos y sobrinos.

El año pasado, la fiscalía de Nayarit le aseguró cinco inmuebles propiedad de Sandoval y su familia, entre ellos la Fundación Ríe, en la que se brindaban sesiones de equinoterapia para niños con capacidades diferentes, y los ranchos denominados La Cantera y El Sueño.

El prófugo exmandatario de Chihuahua, César Duarte, compró a Sandoval 12 mil cabezas de ganado importadas, en las que presuntamente se utilizaron recursos públicos, de acuerdo con una investigación de la fiscalía de Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación contra el exgobernador por enriquecimiento ilícito y presunto desvío de recursos, luego de que los integrantes de la Comisión de la Verdad interpusieran una denuncia en su contra.

El Gobierno de Estados Unidos ha concentrado últimamente gran parte de sus esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico en la disrupción de las redes del Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis. De acuerdo con el Tesoro, la de ayer es la décima gran acción contra ellos y la inclusión de socios y miembros en la lista negra de la OFAC.

El pasado octubre, el gobierno de Estados Unidos ofreció hasta 10 millones de dólares por información que llevara a la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y actualmente el narcotraficante con la recompensa más alta por su captura.

PIDEN APEGO A LA LEY EN INVESTIGACIÓN

El PRI sostuvo que las imputaciones hechas a Roberto Sandoval deben investigarse y resolverse conforme a derecho por las autoridades correspondientes, y señaló que cada individuo es responsable de sus conductas y actuaciones y, por tanto, debe hacerse cargo de ellas y de sus consecuencias.

El partido pidió que se deslinden las responsabilidades que procedan, pero recordó también que la Constitución establece la presunción de inocencia a efecto de que, quien sea señalado por cometer un ilícito, pueda hacerse oír y, en su caso, defenderse.

Sostuvo que la ley está por encima de cualquier persona y reiteró que todo presunto hecho delictivo debe ser investigado y sancionado conforme a la ley y no quedar impune.

Además, el instituto político reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en todo ejercicio de gestión pública.

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