Tradicionalmente mesurado en sus críticas hacia las políticas de gobierno que enrarecen las posibilidades al exterior del país, el Instituto Mexicano para la Competitividad lanzó una andanada contra el anterior gobierno, al que exhibe como irresponsable, omiso y derrochador, con epicentro en el brutal crecimiento de la deuda integral.
Al regreso al poder del PRI ésta alcanzaba 4 billones 452 mil millones de pesos, equivalentes a 27.8% del Producto Interno Bruto. A su salida el monto fue de 8 billones 315 mil millones, 35.3% del propio PIB.
El salto significó casi el doble.
En el último año del presidente Enrique Peña Nieto el monto llegó a rebasar 42% del ingreso total del país, monto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima como “límite prudencial”, lo que colocó al país en riesgo de degradación de su calidad crediticia.
Si antes del sexenio cada mexicano debía 37 mil 837 pesos, al final de éste monto había llegado a 66 mil.
En el marco, el gobierno ejerció en el sexenio un billón 823 mil millones de pesos por encima de lo que le había autorizado el Congreso. Y sin embargo, no hay obra u obras públicas que justifiquen el sobreejercicio.
La reserva principal para la construcción del fallido aeropuerto en Texcoco se sustentaba con recursos privados obtenidos por colocaciones de deuda.
Y aunque creció la burocracia, no hay equivalencia del salto de la deuda en el incremento del gasto corriente en el ramo. La ruta, pues, caminó en el derroche.
La administración pasada, dice el organismo fundado por el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Diez Morodo, no cumplió con el presupuesto, ya que subestimó ingresos y gastó más de lo presupuestado.
¿Se acuerda usted la reticencia de la Secretaría de Hacienda para aceptar la creación de un órgano civil para vigilar la disciplina presupuestal?
La alegre fiesta, que derivó en orgía, le ofreció más recursos al gobierno de lo que representaban, juntas, las deudas de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
El análisis del organismo se sustenta en la cuenta pública de los años 2013 a 2018, en cuyo marco se sostiene que la Secretaría de Hacienda realizó un uso discrecional de los recursos.
Si en el lapso la Cámara de Diputados había autorizado un gasto de 6 billones 94 mil millones a las Secretarías de Estado, éste se elevó a 7 billones 125 mil millones de pesos.
Sin embargo, uno de los sobrejercicios más espectaculares del sexenio se dio en la propia Presidencia de la República.
A la presión de la opinión pública, la única explicación de la Secretaría de Hacienda al sobreendeudamiento era que se habían reforzado las reservas en materia de jubilaciones y pensiones de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad a su paso de paraestatales a empresas productivas del Estado.
¿Dónde quedó la bolita?
BALANCE GENERAL
Cuando el nivel de la deuda integral de México, durante el sexenio pasado, alcanzó niveles peligrosos, las calificadoras de deuda amagaron con degradar la calidad crediticia de la deuda soberana del país. Sin embargo, no lo hicieron cuando Pemex se brincó todas las trancas del terreno prudencial.
En el sexenio la deuda saltó de 864 mil millones de pesos a 2 billones 64 mil millones, es decir más de 100%.
De acuerdo con el exjefe del SAT, Aristóteles Núñez, las calificadoras no miden la corrupción. Tiene razón, dado que su función toral es certificar que los países o las empresas no cometan acciones imprudentes que puedan poner en peligro su capacidad de pago de deudas.
Eso fue justo lo que la dejaron hacer en el caso de Pemex.
SIEMPRE SÍ
A contrapelo de los augurios que dibujaban un escenario trágico para el país en materia de inversión extranjera directa a la llegada del nuevo gobierno, durante el primer trimestre del año el flujo alcanzó 10 mil 161 millones de dólares.
Sin embargo, del otro lado de la moneda, salieron 6 mil 624 millones.
Del total de ingresos, sólo 22.8% apuntó a la creación de nuevas empresas; el resto fueron reinversión en utilidades de las existentes y cuentas entre compañías, participando mil 804 sociedades.
El mayor capital (44.31%) provino de Estados Unidos, seguido por España, Bélgica y Canadá.
