La rendición de cuentas a que está obligado todo gobierno que se precie de democrático, rendición a través de la vía tradicional que es la presentación anual de la Cuenta Pública, no corresponde a un solo momento, sino que en realidad se trata de un proceso.
En Coahuila la ley define como Cuenta Pública al "informe anual que las entidades [es decir, todos los órganos y dependencias gubernamentales y sus municipios] sobre su gestión financiera en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental" (art. 3, fracción X, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila).
Las entidades gubernamentales obligadas a presentar cada año su Cuenta Pública (que en Coahuila suman 147) la deben entregar al Congreso a más tardar el 30 de abril del año siguiente sobre el cual están informando. El Congreso las recibe y toma nota de su recepción la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que en la actual Legislatura yo coordino, y dentro de los cinco días hábiles siguientes las turna a la Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano técnico del Congreso, para que proceda a su revisión.
La ASE tiene de mayo a diciembre para, conforme a un programa anual previamente elaborado, llevar a cabo dicha revisión a través de auditorías, visitas e inspecciones. Concluida esta labor y a más tardar el día 31 de diciembre del año en que se recibieron las Cuentas, la ASE debe presentar al Congreso, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental, un "Informe de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública" del año que corresponda. Suele ser éste un documento muy voluminoso, ya que ordinariamente comprende más de 20 tomos y alrededor de 10 mil cuartillas.
El Informe Anual de Resultados correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública de 2017 fue entregado por la ASE a la Oficialía de Partes del Congreso el 21 de diciembre de 2018, y la Oficialía de Partes lo entregó a la Comisión de Auditoría Gubernamental que yo coordino hasta el día 26 de diciembre, es decir, cinco días después. La ASE no tuvo la atención ni la cortesía de avisarme, como coordinador de la Comisión, que ya había entregado su Informe de Resultados.
La omisión tiene importancia por dos razones. Una, porque la Ley de Rendición de Cuentas arriba citada dispone, en su art. 53, que "la Comisión podrá citar al Auditor Superior para que comparezca el mismo día de la presentación el Informe Anual de Resultados, a efecto de aclarar su contenido". No lo hizo y se perdió esa oportunidad de hacer y solicitar aclaraciones.
Y en segundo lugar, porque la Comisión y el Congreso mismo disponen de "un periodo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que (se) reciba el Informe Anual de Resultados (que en el caso fue el 21 de diciembre, para concluir el 19 de febrero de 2019), dentro del cual la Comisión (de Auditoría Gubernamental que yo coordino) someterá a consideración del pleno del Congreso el dictamen correspondiente". De entrada, la falta de aviso restó cinco días al tiempo disponible para realizar la tarea de elaborar el dictamen.
A pesar de lo anterior, el coordinador de la Comisión cumplió con la elaboración de un proyecto de dictamen, serio, objetivo y técnicamente riguroso, cuya sola lectura se llevó poco menos de una hora en sesión celebrada el 18 de febrero de 2019.
Puesto el dictamen a consideración de la Comisión en lo general, conforme al procedimiento parlamentario, fue aprobado por unanimidad. Pero el PRI y sus aliados se reservaron 5 de los 7 puntos resolutivos del dictamen que finalmente votaron en contra, sin explicar ni argumentar porqué lo hicieron, simplemente y de manera mecánica votaron en contra. Y como no llevaron voto particular, grave error de los priistas, que al ser votado por una mayoría de los integrantes de la Comisión automáticamente se convierte en dictamen y el dictamen original en voto particular, para ser llevados ambos al Pleno del Congreso con ese carácter.
La Comisión de Auditoría Gubernamental se integra por siete legisladores como sigue: dos del PAN, dos del PRI y uno de cada uno de los partidos UDC, PRD y Morena. Por lo general las votaciones son 3 (PAN y UDC) contra 4 (PRI, PRD y Morena).
Pues bien, la tarde de ese 18 de febrero los priistas insistieron en que se llevara a cabo una nueva reunión de la Comisión, a lo cual accedí a condición de que firmaran que habían votado a favor en lo general el dictamen original, por corresponder a la verdad de lo sucedido. Como se negaron, oficialmente la nueva sesión no se celebró. Pero además pretendían los priistas y sus aliados del PRD y Morena (¡sí, de Morena, la esperanza de México!), que el coordinador de la Comisión, o sea yo, elaborara un nuevo dictamen sobre la base de los cinco puntos resolutivos votados por ellos en contra, nuevo dictamen que supliera su error garrafal de no haber elaborado y presentado un voto particular.
Naturalmente me negué, en primer lugar, por no corresponder al procedimiento previsto por la Ley Orgánica del Congreso, que clara y expresamente establece la figura del voto particular. Y en segundo término por resultar imposible preparar un nuevo dictamen conforme a lo votado en contra por los priistas y sus aliados si no expusieron razones y argumentos para justificar sus votos en contra en lo particular. Vaya, ni siquiera argumentos falsos o sofistas. Simplemente nada.
Desde la fecha en que el Pleno del Congreso debió haber conocido, discutido y votado el dictamen sobre el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2017, han pasado ya casi tres meses y nada se ha podido avanzar. Se incumple así lo ordenado por la Constitución del Estado en su art. 67, fracción XXXIV en su tercer párrafo.
Se decidió volver a empezar por el principio, es decir, por la comparecencia del Auditor Superior para que aclare el contenido de su Informe de Resultados. La dificultad ha estado en que ha sido imposible ponernos de acuerdo en el formato de esa comparecencia, si bien parece que ya pronto habrá consenso. Pero éste es otro asunto, que bien vale la pena abordar con detalles.
