Tan sólo por la renta de dos edificios la fiscalía pagará mil 390 millones de pesos, debido a un contrato que adquirió EPN.
La Fiscalía General de la República (FGR) está obligada -por contrato firmado en la administración de Enrique Peña Nieto- a pagar, en los próximos cuatro años, mil 390 millones de pesos por la renta y mantenimiento de dos edificios. La cifra equivale a la mitad de lo que el gobierno gasta en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
El exoficial mayor de la PGR, Pedro Navarro Laflin, acordó en enero de 2018 con la empresa Corporativo Redondel, S.A. de C.V., la renta del edificio de la avenida Insurgentes número 20, por 16 millones 467 mil pesos mensuales, más un millón 646 mil por mantenimiento.
Tres meses después, Navarro Laflin firmó otro contrato ahora con Rouz Bienes Raíces, S.A. de C.V., para el edificio de Río Pilcomayo número 169, en Miguel Hidalgo. La renta mensual es de 10 millones 848 mil 154 pesos.
En su informe sobre los primeros 100 días de gestión, el fiscal Alejandro Gertz dijo que se están concluyendo los contratos de arrendamiento, "incluyendo la recuperación de inmuebles que se otorgaron para venta (...) por estar supuestamente dañados en los sismos de septiembre de 2017 y que la institución pretendía concesionar comercialmente por 40 años, despojando así a la FGR de su patrimonio".
La renta y mantenimiento de dos edificios, el de su sede central, en avenida Insurgentes número 20, y el de la Dirección General Profesional de Servicio de Carrera, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La cifra equivale a más de la mitad del monto asignado para este año al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que asciende a mil 913 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
La administración federal anterior, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), heredó al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, dos contratos de arrendamiento: el PGR/CN/ARBI/002/2018, así como el PGR/CN/ARBI/13/2018, ambos celebrados el año anterior sólo para el uso de los inmuebles señalados, cuyas vigencias son de cinco años "forzosos", es decir, hasta 2022.
De acuerdo con el contrato PGR/CN/ARBI/002/2018, el exoficial mayor de la PGR, Pedro Navarro Laflin, acordó en enero de 2018 con la empresa Corporativo Redondel, S.A. de C.V. la renta del edificio de la avenida Insurgentes número 20, por un monto de 16 millones 467 mil 128 pesos mensuales, más un millón 646 mil 712 pesos por concepto de mantenimiento y conservación del inmueble, el cual cuenta con 30 pisos y 920 cajones de estacionamiento.
Tan sólo el año pasado, la institución erogó 217 millones 366 mil 80 pesos por la renta del edifico de la glorieta de Insurgentes y otros 130 millones 177 mil 848 pesos por el ubicado en Río Pilcomayo, colonia Argentina, en Miguel Hidalgo.
Desde mediados de 2018, el inmueble de Insurgentes es la sede de la FGR, luego de que el sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó inservible el edificio central, ubicado en Paseo de la Reforma 211-213, donde despachaba el procurador y que la dependencia compró al banco Santander.
En el edificio de Insurgentes 20 se localiza la oficina del fiscal y las subprocuradurías Jurídica y de Asuntos Internacionales, de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo entre otros.
EDIFICIOS
de la fiscalía pagarán una renta y mantenimiento millonario, según una investigación periodística
