Gómez Garza refirió que durante la tarde del jueves se presentó en las instalaciones de Centro de Justicia Penal Acusatorio, Penélope Rodríguez Ayup, a quien identificó como asesora jurídica de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado, la cual separó de sus cargos a sus representados. (ARCHIVO)
Durante la tarde del jueves, personal que se dijo ser del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ) acudió a las instalaciones del Centro de Justicia Penal de Piedras Negras, para comunicarle a tres trabajadores administrativos que fueron destituidos de sus cargos en dichas instancias, quedando acéfalos los citados espacios en Distrito Judicial Río Grande.
Concretándose así la destitución de María del Refugio Pichardo, jefa de unidad de audiencias; Juan Carlos Salazar García, jefe de unidad de causa y Alberto Rodríguez Hernández, administrador del Juzgado Penal del Sistema Acusatorio Penal en Piedras Negras. Los cuales ayer mismo se retiraron del lugar.
Los representantes legales de los tres empleados del Centro de Justicia Penal Acusatorio de Piedras Negras, Carlos Javier Gómez Garza y Olga Lidia Hernández Juárez, detallaron que acudirán ante las instancias correspondientes para defender los derechos laborales de los tres trabajadores administrativos mencionados.
Gómez Garza refirió que durante la tarde del jueves se presentó en las instalaciones de Centro de Justicia Penal Acusatorio, Penélope Rodríguez Ayup, a quien identificó como asesora jurídica de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado, la cual separó de sus cargos a sus representados
"Quien a cuenta y riesgo propio, sin acreditar personalidad pero diciendo ella que, por instrucción de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú, separó de manera arbitraria a nuestros representados de los cargos laborales que venían desempeñando en este Centro de Justicia Penal en todo acto de moving laboral", refirió el abogado.
Precisó que las autoridades judiciales no están actuando conforme a derecho, pues refiere que la mencionada asesora jurídica no tiene la facultad para ello, acude y separa del cargo a los tres trabajadores administrativos.
"Atendiendo la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado es una mera asesora jurídica, ni siquiera de la presidencia del Tribunal sino de la Oficialía Mayor, ella separa a cuenta y riesgo de la misma a los señores, del cargo que venían desempeñando", detalló el abogado Carlos Javier Gómez.
