Puigdemont, que encabezó el intento secesionista, vive en Bélgica desde que huyó de la Justicia española a finales de octubre de 2017. (ARCHIVO)
El expresidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, podrá concurrir como candidato a las elecciones europeas del próximo día 26 a pesar de estar fugado de la Justicia española tras el intento independentista de octubre de 2017.
Así lo estimaron este lunes dos juzgados de Madrid que, además de Puigdemont, consideraron que dos antiguos miembros de su ejecutivo en su misma situación judicial, Clara Ponsatí y Antoni Comín, puedan presentar su candidatura.
Tras conocer el fallo, Puigdemont reivindicó a través de Twitter la labor del equipo jurídico de la formación que encabeza, JxCat, de la que dijo que sabe lo que tiene "entre manos, cómo combatir y cómo ganar".
"Hay un muy buen trabajo jurídico detrás de cada victoria lograda" y todo este potencial, escribió en la red social, "lo pondremos al servicio de ganar causas y proyectos para el conjunto de los ciudadanos desde el Parlamento Europeo".
El fallo judicial se produjo después de que la Junta Electoral Central (JEC) decidiese la semana pasada excluir a los tres políticos independentistas catalanes de una lista a las elecciones europeas.
El Tribunal Supremo español ordenó este domingo a esas dos cortes que fueran ellas las que resuelvan los recursos de los tres huidos, investigados por su participación en el ilegal proceso de independencia de Cataluña de octubre de 2017.
Nada más conocerse el fallo judicial, el conservador Partido Popular (PP) indicó que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de los juzgados de Madrid.
Su líder, Pablo Casado, anunció la interposición de este recurso en una rueda de prensa posterior al encuentro que mantuvo hoy con el presidente en funciones del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
"La democracia española no merece este escarnio", lamentó Casado, quien recordó que Puigdemont es un prófugo de la justicia y por tanto no debería poder representar a su país. "Vamos a reclamarlo hasta la última instancia", subrayó.
También el partido Ciudadanos (C's, liberales) consideró una "vergüenza" que la legislación española, al contrario que otras europeas, permita que un "prófugo de la Justicia" pueda presentarse a unas elecciones.
"Somos tan demócratas que respetamos las decisiones judiciales y vivimos en un país tan democrático que permitimos que alguien que ha dado un golpe de Estado se presente a las elecciones", señaló la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien no aclaró si recurrirá esa decisión como lo hará el PP.
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, republicanos independentistas de izquierda), cuyo líder, Oriol Junqueras, uno de los políticos catalanes que están siendo juzgados por el intento secesionista del octubre de 2017 encabeza la candidatura europea de la formación, celebró "que sean respetados los derechos" de Puigdemont y de su exconsejeros.
"Celebramos que puedan presentarse a las elecciones europeas", afirmó en rueda de prensa Marta Vilalta, portavoz de ERC, quien consideró que los tres políticos "tenían este derecho y creemos que es de justicia que se reconozca".
Puigdemont, que encabezó el intento secesionista, vive en Bélgica desde que huyó de la Justicia española a finales de octubre de 2017, igual que Comín, mientras que Ponsatí reside en Escocia.
Estas sentencias judiciales anulan la decisión de la JEC, que había estimado los recursos del Partido Popular y de Ciudadanos contra la presencia de los tres en la candidatura electoral.
Los recursos argumentaban que estas tres personas, al no estar en España pero tampoco estar registrados en el censo oficial de residentes en el exterior, "no están en condiciones" de ser electores y por tanto tampoco de ser elegidos en unos comicios democráticos.
Sin embargo, los jueces del Supremo consideraron que entre las posibilidades que establece la ley electoral para determinar la inegibilidad "no figura la de hallarse en rebeldía, como se encuentran los recurrentes".
También señalaron que, aunque los tres se encuentran fuera de España, están dados de alta en un municipio español y los órganos competentes no les han dado de baja en el padrón de habitantes.
