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Coahuila

Familiares rechazan a 'Napo' y Grupo México en Pasta de Conchos

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CIUDAD DE MÉXICO, jueves 02 de mayo 2019, actualizada 3:02 pm

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El rescate de 63 cuerpos de mineros que quedaron atrapados en la mina 8 de Pasta de Conchos deberá hacerse con el acompañamiento de los familiares agrupados en la Organización de Familiares de Pasta de Conchos (OFPC), señaló Cristina Auerbach Benavides, responsable de la asociación.

En entrevista radiofónica, expuso que ni el Grupo México o Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, pueden participar en los trabajos, pues hace 13 años actuaron con omisiones.

Señaló que se reunió este martes con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján y con los familiares de los mineros, Elvira Martínez y Trinidad Castro, quien les informó de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar el rescate.

Auerbach recordó que la OFPC interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 19 de febrero de 2010, para exigir respetar los derechos humanos y resarcir a las viudas y los familiares, que pronto emitirá una recomendación al gobierno de México.

Consideró que hubo casos de cuerpos de mineros rescatados, "como el de hace más de 50 años en esta misma región, cuando fue posible sacar los restos de 153 trabajadores que murieron tras dos explosiones en una mina".

Indicó que los familiares están dispuestos a poner "todo de nuestra parte para llevar a cabo el rescate, al lado del gobierno de México, con la condición de que ni Grupo México o el Sindicato Minero tengan ninguna participación".

La viuda de uno de los 63 mineros muertos expuso que ambas instancias fueron responsables de la tragedia, pues el 11 de febrero de 2006 firmaron un acta ante las autoridades, para indicar que había seguridad en la mina, y ocho días después explotó.

Resaltó que el Estado Mexicano es el encargado de responder por los derechos humanos, por lo que nunca se debió dejar en las manos de la empresa las decisiones, tras la explosión de la mina.

La activista reconoció la voluntad del Estado Mexicano para admitir sus obligaciones pendientes respecto del caso. “Estamos contentos. Esto va a obligar a que las entidades de la federación vengan a ver el desastre humanitario y ambiental que ha generado la extracción de carbón”, expresó.

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