Aunque Lerdo tiene grandes compromisos financieros ninguno de ellos surgió en la actual administración, dice la alcaldesa.
La alcaldesa María Luisa González Achem dijo que dejará una deuda pública de 9 millones de pesos y que los pendientes de pasivos que tiene Lerdo no son inherentes al desempeño de su administración y citó el tema del laudo laboral ganado por los extrabajadores y el tema de la planta tratadora.
La alcaldesa dijo que en su administración no se ha solicitado un solo préstamo bancario ni adelantos de participaciones y que la deuda pública que existe es producto de créditos solicitados hace más de 10 años, mismos que se han estado pagando de manera puntual.
"Vamos a dejar la deuda pública yo creo que en unos 9 millones de pesos, todos los problemas que tenemos no son ocasionados por nosotros, aunque a nosotros nos toque resolver y hasta donde hemos podido lo hemos hecho", dijo la autoridad.
Hasta diciembre del año pasado el Ayuntamiento tenía una deuda pública a largo de plazo por los créditos bancarios solicitados de hace años por un monto de 13 millones de pesos.
En los tres años, se realiza por parte de la administración municipal se hace un abatimiento de alrededor de 6 millones de pesos conforme a lo proyectado.
La edil aseguró que no tienen contemplado solicitar préstamos bancarios para obra pública.
Cada año existe la posibilidad de que ayuntamientos con liquidez, como es el caso de Lerdo, puedan obtener adelantos en sus participaciones federales o solicitar créditos bancarios para inversión pública a pagar a largo plazo.
En el caso de los extrabajadores que ganaron el laudo laboral por despido injustificado, promovido hace más de 10 años, el Ayuntamiento tiene destinada una erogación de no mas de 2 millones de pesos mensuales para el pago de este laudo.
En 2018 el importe ejercido, según datos de Tesorería, en estos laudos y que fueron realmente cobrados fue de 12 millones 372 mil pesos.
Los últimos datos del Jurídico Municipal, indicaron que el Ayuntamiento ha liquidado a 26 de un total de 79 extrabajadores de la administración 2004-2007, que forman parte del grupo de servidores públicos que demandaron a la administración del exalcalde Carlos Aguilera.
De las 53 personas que no han sido liquidadas son 31 las que traen un abogado y las otras 22 traen a otro. Estas últimas en su mayoría son directores municipales y muchos de ellos recibirán mas de 5 millones de pesos, algunos por trabajar menos de tres años. En el caso de la planta tratadora de aguas residuales el problema es que debido a las condiciones en las que se firmó el convenio hace mas de 10 años es que el municipio estaría obligado a pagar por el agua tratada que no utiliza la Comisión Federal de Electricidad, lo que significa un compromiso impagable de mas 600 millones de pesos.
