El 80 por ciento de los funcionarios de la presidencia municipal ha presentado sus declaraciones.
Ocho de cada 10 funcionarios han presentado ya su declaración patrimonial en la Ciudad Jardín, que a partir de este año es un requisito obligatorio, señaló Ricardo Olivares Porras, contralor municipal en Lerdo.
Señaló que el plazo para que los funcionarios entreguen esta información vence el 31 de mayo, por lo que ya fueron notificados con anticipación todos los departamentos y dependencias municipales, así como de los formatos y requisitos que se deben cubrir.
"Vamos avanzando en ese tema, termina el plazo el 31 de mayo, seguimos avanzando en mandar la información, estamos trabajando en eso, tenemos un avance importante, del 80 por ciento, y la Contraloría municipal es la que va a revisar y sancionar a los funcionarios que no la presenten", comentó.
El funcionario dijo que a los trabajadores al servicio del Municipio que tengan dudas o que no han completado este proceso, se les otorga la orientación necesaria, pues de concluir el periodo, se impondrán las sanciones correspondientes de parte de esta oficina.
De acuerdo al cambio en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los funcionarios tienen hasta el 31 de mayo para presentar todas las declaraciones patrimoniales. La novedad es que todos, sin excepción, los funcionarios públicos, sean de primero, segundo, tercer nivel, que trabajan en la presidencia tienen que presentar su declaración patrimonial.
En años anteriores, eran alrededor de 300 empleados solamente los que tenían que presentar esta declaración, sin embargo, ahora debe ser la totalidad de las personas que trabajen en el Municipio. Se deben incluir todos los bienes que tiene el funcionario, desde las propiedades inmobiliarias, vehículos, cuentas en bancos, etc., lo que se tiene y también lo que se debe.
El "Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas" , en su numeral tercero, establece "La obligación de los servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio de 2017, fecha en la que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se encuentren operables".
