Ven riesgo de afectar derechos de los niños y las familias por recorte a las estancias infantiles. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El recorte presupuestal de casi 50 % al "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos" podría restringir el derecho de los niños a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Mediante un comunicado, el organismo expresó su preocupación por el recorte presupuestal por más de dos mil millones de pesos, lo que puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que impacte en sus medios de subsistencia, o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, es probable que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijas e hijos al cuidado de personas sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad.
El recorte también puede representar una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica.
El organismo enfatizó la necesidad que las autoridades ponderen si las transferencias económicas directas a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de niñas y niños en primera infancia, considerando que dados los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social es probable que los apoyos económicos que eventualmente se entreguen, sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez.
El organismo solicitó impulsar la asignación de recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa de Estancias Infantiles conforme a la demanda social, privilegiando los derechos de la niñez y la perspectiva de género; analizar el impacto de las medidas adoptadas en las condiciones de vida de niñas y niños, y establecer los mecanismos administrativos e institucionales para el adecuado control, fiscalización y auditoria de los recursos que se transfieren a los proveedores públicos y privados de cuidado y atención integral infantil, para garantizar su aplicación al objetivo destinado, evitando afectaciones a los derechos de las personas menores de edad.
