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EDITORIAL

Agua en el Informe a Bachelet

Yo río libre

JULIO CÉSAR RAMÍREZ
sábado 20 de abril 2019, actualizada 9:52 am


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Organizaciones de la sociedad civil mexicana informaron a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet: "Estamos seriamente preocupadas por decisiones, acciones y omisiones del nuevo gobierno federal en el marco de las políticas públicas, el presupuesto, el modelo de atención a grupos prioritarios, la legislación y la normatividad, los megaproyectos de desarrollo y otros proyectos de inversión pública y privada, los obstáculos persistentes para el acceso a la justicia y el incremento de los riesgos en la labor de defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales".

Un documento de 29 páginas compila tales preocupaciones divididas en 12 subtemas.

En política hídrica y derecho al agua señala que aunque en su informe por los primeros 100 días de gobierno Andrés Manuel López Obrador refiere que se han establecido garantías de que no se privatizará el agua y se cuidarán y crearán nuevas reservas naturales así como se protegerá flora y fauna de nuestro territorio, la realidad es otra.

Advierten que no se está avanzando en la construcción participativa de la política hídrica ni de la legislación que hace falta en materia de derechos humanos al agua y el saneamiento.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) -precisan-, solamente está impulsando reuniones con el Consejo Consultivo del Agua en el que participan entre otras empresas, las refresqueras, y desde ahí se promueve el "Pacto Social por el Agua" y perfila la construcción de la Ley General del Agua, cuando por mandato del decreto de 2012 por el que se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua, así como por recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento tras su misión a México de mayo de 2017, esa ley debería generarse de manera participativa e incluyente.

Preocupa la falta de participación de la sociedad en discusiones sobre el tema -añaden-, así como gran preocupación por las concesiones multianuales de agua a particulares y la privatizacion de los servicios en la materia.

"En síntesis, existe un nulo avance en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento al Estado mexicano contenidas en su Informe de Misión a México 2017 como le hicimos constar una diversidad de organizaciones civiles y sociales en su reciente visita de seguimiento en marzo de este año 2019".

Tales señalamientos versan sobre obstáculos y retos persistentes en materia de legislación, presupuesto e inversiones en agua y saneamiento; provisión de servicios a nivel municipal; sistemas gestionados por las comunidades; grupos de población que requieren atención especial.

Además, acceso al agua, saneamiento e higiene en instituciones educativas y otras instituciones públicas; tarifas sociales; entidades reguladoras oficiales de proveedores privados y públicos; efectos en el medio ambiente y la salud de actividades económicas y proyectos de desarrollo.

También sobre normatividad y vigilancia de la calidad del agua; acceso a la información, participación y consulta previa, libre e informada en materia de agua; mecanismos y procedimientos judiciales y no judiciales de reclamación, y defensores y defensoras del agua.

Entre las recomendaciones específicas que hacen las organizaciones a Bachelet figura una relacionada a política hídrica y derecho al agua:

"Que el Estado mexicano avance en la construcción participativa de la política hídrica y de la legislación que hace falta en materia de derechos humanos al agua potable y el saneamiento, así como en la implementación de todas las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento derivadas de los obstáculos y desafíos identificados durante su Misión a México en mayo de 2017".

Entre las organizaciones firmantes aparecen la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL).

El documento fue entregado a Bachelet el 5 de abril durante una reunión privada con organizaciones de la sociedad civil en Ciudad de México.

En tanto, el sistema de concesiones que promueve la Comisión Nacional del Agua ha llevado a dinámicas de acaparamiento, sobreconcesión, contaminación, corrupción e impunidad.

@kardenche
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