— BARÓN DE MONTESQUIEU
Una de las frases que más le gusta repetir al presidente Andrés Manuel López Obrador es: "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie". Ahora tendría que añadir: "Excepto el Presidente".
López Obrador no ha ocultado su intención de revocar la reforma educativa de su predecesor, Enrique Peña Nieto. En su campaña política y en sus primeros meses de gobierno prometió derogar la "mal llamada", como se refiere de manera insistente a la reforma. Los partidos que lo apoyaron consiguieron una mayoría absoluta en el Congreso, a la cual se han sumado ahora otros legisladores, por ejemplo del Verde, embelesados con la idea de estar cerca del poder. Esto le ha dado a AMLO una mayoría cercana a las dos terceras partes, que ningún Presidente desde Miguel de la Madrid ha tenido.
La propuesta de contrarreforma del gobierno de López Obrador, sin embargo, ha sido rechazada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, que considera que su apoyo a la candidatura de López Obrador le da derecho a dictar los términos de la nueva legislación. El Presidente ha optado por ordenar que se congele la contrarreforma mientras no se logre un acuerdo con los líderes de esa organización. Pero como esto significa que se mantiene en vigor "la mal llamada", ha decidido simplemente girar un memorándum a sus secretarios de Educación, Gobernación y Hacienda para ordenarles que no apliquen la ley.
No es esta la primera vez en la historia que un gobernante busca regir por decreto cuando el Congreso o las fuerzas políticas se niegan a permitirle hacer lo que quiere. Solo que esos gobernantes dejan de ser presidentes o primeros ministros y se convierten en simples dictadores.
Un memorándum, aunque sea del Presidente, no tiene fuerza legal para derogar la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente; no, por lo menos, en un sistema democrático.
Lo peor es que ni siquiera este acto ilegal ha sido suficiente para obtener el aval de la CNTE que tanto ha buscado el Presidente. Los líderes de la Coordinadora señalaron que lo que quieren "es que la reforma educativa desaparezca de la Constitución y que se modifique el modelo educativo. No queremos solo la palabra y el compromiso del Presidente, sino que los legisladores hagan su trabajo y echen abajo la reforma como se comprometieron".
En un sistema democrático un gobernante no puede hacer lo que se le antoja sino solo lo que la ley permite. Los presidentes anteriores tuvieron que llevar a cabo negociaciones y lograr acuerdos con la oposición para hacer sus reformas. López Obrador tiene el derecho de hacer las reformas que quiera, incluso constitucionales, si logra los votos que demanda la Constitución en las dos Cámaras del Congreso de la Unión y en las legislaturas locales. Pero no tiene derecho a gobernar por decreto... o por memorándum.
El Presidente protestó "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes que de ella emanen". No puede sostener ahora que la Constitución y las leyes secundarias pueden abrogarse por un simple memorándum. Ayer declaró: "Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan por la justicia". No es, sin embargo, lo que prometió cuando dijo que en su gobierno no habría nada ni nadie por encima de la ley.
EVALUACIONES
En las conferencias de TED en Vancouver varios de los ponentes recalcan la importancia de las evaluaciones para entender y resolver problemas sociales, como la violencia policial contra los negros o la educación temprana. ¡Pensar que en México el gobierno quiere eliminar las evaluaciones de los maestros por razones políticas!
@SergioSarmiento
