En el estado de Coahuila, el conducir en estado de ebriedad puede ameritar multas costosas.
Una persona que es detenida en los operativos de alcoholímetro en la ciudad de Torreón, puede llegar a pagar más de 10 mil pesos para recuperar su libertad y su vehículo.
Se trata de operativos permanentes en los que se instalan filtros de revisión de manera aleatoria en puntos estratégicos, los cuales se realizan de la noche del miércoles a la madrugada del domingo.
El límite establecido para conducir es de .39 grados de alcohol, medido a través del aire espirado, después del .40 ya es considerado como estado de ebriedad.
La multa establecida por el municipio puede llegar a los 3 mil 400 pesos, según información proporcionada por el personal de la dirección de Tránsito y Vialidad.
En Coahuila, el conducir en estado de ebriedad es considerado un delito que tiene una penalidad de 1 a 3 meses de prisión si es un particular y de 6 meses a 2 años en caso de choferes del servicio público.
La multa que se debe pagar ante el Agente Investigador del Ministerio Publico de la Fiscalía General del Estado de Coahuila oscila entre 2 mil 500 pesos a los 5 mil pesos, aunque la cantidad puede aumentar si existen agravantes.
Además de las infracciones del estado y del municipio, se deben cubrir otros gastos como el arrastre del vehículo y el corralón.
El costo de la grúa alcanza los mil 500 pesos, más 160 pesos diarios por concepto de resguardo de la unidad.
ALIENTO ALCOHÓLICO
Dentro de los operativos también son sancionados los conductores que no rebasan el .40 pero están muy cerca de este límite.
El conducir con aliento alcohólico es considerada una falta administrativa, por lo que se aplica una multa que va de los mil 209 a los mil 602 pesos, según el Tribunal de Justicia Municipal.
OPERATIVOS
El objetivo principal es prevenir los accidentes viales relacionados con el consumo de bebidas embriagantes.
El Programa Nacional de Alcoholimetría impulsado por la Secretaría de Salud en corresponsabilidad con las autoridades estatales y municipales, establece que es legal la instalación de los filtros de revisión, donde pueden participar las distintas corporaciones de seguridad y vialidad, aunque también señala que se deben incluir observadores ciudadanos para garantizar la transparencia de estos.
