Esposas y madres de policías municipales que desaparecieron durante la ola de violencia en la ciudad de Torreón, acusan al Ayuntamiento de Torreón de obligarlas a que concluyan el trámite para la declaratoria de presunción de muerte de las víctimas y por consiguiente, la declaratoria de beneficiados, en un término de tres meses.
Según las afectadas, la intención de las autoridades es proceder a realizar la liquidación correspondiente de los elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para que éstas dejen de percibir los salarios y prestaciones que marca la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del estado de Coahuila.
Los recursos que se le entregan a las mujeres de manera quincenal oscilan entre los 3 mil 400 hasta los 8 mil 450 pesos.
Christian Castro, representante legal de las quince mujeres, dijo que fue el pasado 5 de marzo del presente año cuando Jesús García Colores, subsecretario de Asuntos Jurídicos le notificó de tal procedimiento a las mujeres, sin embargo, asegura que la petición del Gobierno municipal de Torreón no puede proceder debido a que la ley dice que pasando tres años, se puede presentar la presunción de muerte únicamente a petición de los familiares o del Ministerio Público cuando haya suficientes indicios.
En los oficios que el Ayuntamiento le entregó a las mujeres afectadas, se señala que: "Se le apercibe que de no realizar y concluir las declaratorias de presunción de muerte y designación de beneficiarios, se procederá a suspender los pagos que se vienen realizando; dado que no se pueden prolongar de manera indefinida".
Las quince mujeres afectadas fueron recibidas ayer por la síndica de Vigilancia, Dulce Pereda, quien criticó que mientras el Ayuntamiento aumentó la nómina para 2019 a 890 millones de pesos sí considera excesivo los más de 2 millones de pesos que se otorgan al año a las esposas y madres de los policías municipales de Torreón que se encuentran en calidad de desaparecidos.
Respuesta
El representante legal dice que el Ayuntamiento respondió a Derechos Humanos diciendo que no se podía prolongar el estatus de desaparecido porque era una carga excesiva.
