Organizaciones civiles urgen al gobierno a implementar recomendaciones de Naciones Unidas sobre derecho humano al agua y al saneamiento. Remarcan que existe nulo avance en el cumplimiento de tales recomendaciones y que es urgente promulgar en colaboración con todos los interesados pertinentes, una legislación general que dé pleno efecto a los derechos humanos al agua y saneamiento.
Así, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) recuerda a las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial su deber de atender las recomendaciones internacionales que México ha recibido en materia de derechos humanos al agua y al saneamiento, de Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas, encargado de la vigilancia y promoción de estos derechos, contenidas en su informe de Misión a México de 2017.
Deben cumplir asimismo las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas derivadas del examen a México de 2018 y contenidas en sus Observaciones Finales.
Ambos grupos de recomendaciones internacionales siguen vigentes y tocan temas de competencia de autoridades federales, estatales y municipales.
Entre las recomendaciones del relator destacan, primero, promulgar sin dilación indebida y en colaboración con todos los interesados pertinentes, una legislación general revisada sobre el agua, en la cual se dé pleno efecto y significado a los derechos humanos al agua y el saneamiento consagrados en el derechos internacional y en la Constitución mexicana.
Segundo, actualizar con urgencia las normas de calidad del agua potable siguiendo guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y ejercer vigilancia y supervisión de la calidad del agua potable más estrictas y orientadas a la protección de la salud.
Tercero, intensificar medidas para asegurar la igualdad de acceso de mujeres y niñas al agua y saneamiento, particularmente en zonas urbanas periféricas y localidades rurales dispersas.
Cuarto, velar porque se apliquen tarifas sociales a los servicios de modo que el suministro asequible esté asegurado para todos, y establecer entidades reguladoras oficiales de proveedores privados y públicos.
Quinto, revisar el sistema descentralizado de servicios de agua y saneamiento con miras a fortalecer el apoyo y financiación estatal y federal a los proveedores de servicios de nivel municipal.
Sexto, proporcionar más apoyo y financiación de los diferentes niveles de gobierno a los sistemas de agua y saneamiento gestionados por comunidades a fin de lograr su ampliación y buen funcionamiento.
Séptimo, hacer investigaciones independientes sobre efectos en medio ambiente y salud de los proyectos de desarrollo, actividades industriales y comerciales y el uso extensivo de plaguicidas, haciendo hincapié en la contaminación o sobreexplotación de las fuentes de agua, particularmente cuando se utilizan para abastecer a una o más comunidades.
Octavo, fortalecer mecanismos judiciales y procedimientos no judiciales de reclamación por vulneración de derechos al agua y saneamiento, que sean accesibles, transparentes y sujetos a rendición de cuentas.
Noveno, asegurar los derechos de todas las personas y grupos a protestar libremente por cuestiones relativas a sus derechos al agua y saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención, y garantizar su seguridad y protección con arreglo a la ley y en la práctica.
El Relator de la ONU, Léo Heller, volvió a México del 13 al 15 de marzo de este año para dar seguimiento a sus recomendaciones y fue informado en audiencia privada con organizaciones de varios estados acerca del nulo avance en el cumplimiento, el saldo negativo del sexenio pasado y los desafíos y obstáculos que se observan en el presente.
Si bien entre los 100 compromisos de Andrés Manuel López Obrador dos de ellos refieren la protección de las fuentes de agua, si no se implementan medidas legislativas, de política pública y presupuestales correspondientes, no bastará con declarar que: "No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking" y "No se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, agua y aire y se protegerá la flora y la fauna. No se privatizará el agua".
Urge poner freno a la sobreexplotación del agua, ya.
@kardenche
