Para revisar la Cuenta Pública de 2017, tanto correspondiente al ámbito estatal en todas sus dependencias como de los 38 gobiernos municipales, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE), preparó y aprobó inicialmente un programa de 1,944 auditorías a desarrollar. Este programa lo dio a conocer oficialmente a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que yo coordino, en la sesión celebrada por ésta el 11 de abril de 2018. Previamente ya lo había publicado en la edición del periódico oficial del gobierno del estado en su edición del 6 de abril de ese mismo año.
Si alguien analiza con detenimiento ese programa de auditorías observará -por extraño que parezca- que no incluye una sola auditoría de obra pública. ("Programa anual de auditorías, visitas e inspecciones 2018", pág. 41)
No obstante lo anterior y sin haber publicado las modificaciones hechas con posterioridad al programa anual de auditorías como lo ordena la ley de la materia (art. 22), finalmente la Cuenta Pública de 2017 fue revisada mediante la práctica de 1,848 auditorías, no de 1,944 como inicialmente se programó ("Informe Ejecutivo 2017", pág. 10).
Además de una diferencia de casi menos cien (96) auditorías entre el programa original y el finalmente aplicado, hay otra divergencia relevante:
El primer programa no incluyó una sola auditoría de obra pública. Y el definitivo dice que fueron 191, como sigue: 180 de este tipo de auditorías a obras de gobiernos municipales, 7 a sistemas intermunicipales de aguas y saneamiento y 4 a organismos descentralizados del gobierno del estado. Curiosamente ni una sola auditoría a la dependencia estatal que se supone es la que más obra pública construye, que en el año 2017 se conocía con el nombre de Secretaría de Infraestructura y Transporte.
Hasta el ciudadano menos suspicaz echa a volar la imaginación acerca de esta omisión tan crasa en cuanto a las auditorías a la dependencia del gobierno estatal constructora por definición. ¿Por qué habrá sido así, y en pleno año que el pueblo conoce como el de Hidalgo? Lo que más enojo causa es que nadie, absolutamente nadie de la ASE, se haya tomado la molestia de ofrecer la menor explicación a la Comisión de diputados que tiene a su cargo los asuntos relacionados con la fiscalización y la rendición de cuentas. Pero más aún enerva que los legisladores priistas y sus aliados se rasguen las vestiduras, se echen ceniza en la cabeza y hasta se hagan los ofendidos porque otros diputados, con toda razón y justicia, exigen explicación y claridad en el tema.
Hasta aquí van dos cuestiones obviamente graves en cuanto a las auditorías de obra pública en la revisión de las Cuentas Públicas del año 2017. La primera, la razón de por qué no se incluyó ni una sola auditoría de obra pública en el programa anual elaborado y aprobado por la ASE para llevar a cabo la revisión de aquéllas. Y la segunda, en qué momento y siempre por qué sí se decidió efectuar, en número de 191, ese tipo de auditorías y cuál fue la razón de que ninguna de éstas se practicara a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, por definición la dependencia constructora por naturaleza. Aquí aplica bien la sentencia: piensa mal, y acertarás.
El ciudadano común, seguramente con razón, considera que la gestión financiera gubernamental que más dinero deja en las uñas de los funcionarios públicos y sus cómplices es precisamente la correspondiente a la obra pública. Por eso a nadie extraña que en materia de auditorías así haya ocurrido en el llamado "año de Hidalgo", es decir, el último de la anterior administración estatal, la de Moreira II. No extraña a nadie pero sí molesta a (casi) todos el tipo de maniobras tan burdo a que se ha hecho referencia.
Pero la tercera está peor. Porque sucede que en su "Informe de los resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 2017", la ASE sólo da cuenta de lo que encontró en 21 de las 191 auditorías de obra pública que dice haber llevado a cabo. De las que 17 fueron practicadas a obras públicas ejecutadas por gobiernos municipales, tres a sistemas intermunicipales de agua y una a un organismo paraestatal.
De las otras 170 auditorías la ASE guarda un muy sospechoso silencio. ¿Por qué? No lo dice, pero se adivina. Sencillamente las cosas no pueden continuar así en la ASE.
