Gobernadores están comprometidos con Sistema Nacional de Búsqueda: MARS

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, Miguel Ángel Riquelme, instó a todas las entidades federativas a fortalecer el trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, a fin de desarrollar de manera conjunta las tareas que la ley general en la materia y las familias han venido concretando para garantizar este derecho fundamental a la búsqueda de los hoy ausentes.

Durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el gobernador de Coahuila afirmó que los estados del país, bajo esta nueva visión de derechos humanos que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, están comprometidos con las familias para colaborar y coordinar todos nuestros esfuerzos para que la búsqueda de las personas desaparecidas sea una prioridad del Estado mexicano.

Reconoció que el reto no es fácil y los resultados son hasta ahora insuficientes, pero confió "que si las entidades federativas sumamos nuestros esfuerzos con el sistema nacional, podemos encontrar una ruta de política de Estado que nos permita dar cumplimiento a nuestros deberes que la ley general nos impone a las autoridades para garantizar a las familias verdad, justicia, reparación y no repetición.

"En el centro de nuestros esfuerzos están y estarán siempre las familias y su lucha digna para encontrar a las personas hoy ausentes. En el Estado mexicano debemos hacerlo siempre desde, para y con la participación de las familias", subrayó.

Admitió que el Estado mexicano no debe esperar más para cumplir con lo que a cada quien nos corresponde en esta tarea fundamental.

Recordó que la aprobación de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional es un paso muy relevante para constituir una garantía fundamental para la paz y la seguridad que hoy tanto necesita el país.

"En ella incorporaron los legisladores de la República los mejores estándares de los derechos humanos que van a limitar el ejercicio de la fuerza del Estado, para evitar abusos, detenciones ilegales, torturas, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales", agregó.

Advirtió que en México, la desaparición de personas constituye uno de los más graves problemas de violación de derechos humanos, y sostuvo que organismos nacionales e internacionales, tanto del sistema universal como del interamericano, consideran que la desaparición arbitraria de personas practicada en el contexto de violencia de la última década, implica una violación grave y generalizada en diferentes partes del país.

"La visualización mayor de este crimen se centra en las miles de personas ausentes y familias hoy afectadas. La desaparición de personas lastima el corazón del Estado de derecho", agregó.

El mandatario de Coahuila dijo que si además, la desaparición de personas impone una serie de deberes del Estado que se han incumplido de manera sistemática por la falta de garantías adecuadas que aseguren a las familias de las personas desaparecidas sus derechos, es claro que el rostro de la injusticia e impunidad expresa la lucha digna de las víctimas.

Por ello, admitió que en los últimos años, lo más relevante es la lucha de los derechos por parte de diferentes colectivos de familias de desaparecidos en todo el país.

"Han hecho hasta lo imposible para poder encontrar a sus seres queridos, sin obtener una respuesta adecuada de las autoridades. Ellas, principalmente madres, esposas e hijas buscadoras, son las que hasta ahora han dado una mayor respuesta a la búsqueda de sus seres queridos", resaltó.

Reconoció que la impunidad, la falta de castigo a los responsables, la falta acceso a la justicia, a la verdad y a sus derechos, es la regla que se perpetua en una situación grave en la que México tiene un saldo desfavorable.

Señaló que en este largo y terrible caminar, las familias han visto negligencias, complicidades, falta de profesionalismo y de capacidad: "A través de las desapariciones, por ende, se ha desnudado la incompetencia de las autoridades mexicanas, federales y estatales, sin importar colores políticos", sentenció.

Precisó que la desaparición forzada en México, por tanto, es el tema de mayor gravedad en la agenda de la violación de los derechos humanos en nuestro país: "No tener acceso a la búsqueda efectiva, a la identificación forense, a la verdad, la justicia, la atención adecuada, reparación integral y a la memoria, significa para los fines de una sociedad democrática un fallo estructural en el pacto social".

Por ello, dijo que la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda significa el cumplimiento del deber de implementar de manera adecuada la Ley General de Desapariciones que las familias construyeron con su participación activa.

"En la ley general, las familias definieron un compromiso estatal que es de suma importancia para las autoridades: una cosa es buscar a los perpetradores de estos crímenes y que exijan justicia, verdad y sanción, y otra buscar a sus seres queridos con todas las garantías reales y eficaces para encontrarlos a través de este sistema nacional", dijo .

Resaltó que desde la nueva concepción de la gobernabilidad de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha reconocido la magnitud del problema: "Ha entendido que el deber de buscar no es de las familias, es del Estado mexicano y, por tanto, toda la federación tiene el deber de establecer las garantías necesarias y adecuadas para implementar el sistema nacional como el primer paso firme para desarrollar una agenda de trabajo en todo el territorio nacional".