En estos tiempos de obligada transición hay que sopesar cada paso antes de darlo. La modificación de los esquemas que venían normando la actividad nacional solo debe darse si el propósito es claro y si es factible en términos de aceptabilidad y oportunidad. Las decisiones que actualmente se están dando a los más altos niveles del Ejecutivo y del Legislativo deben responder a esos criterios.
La Revocación del Mandato que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados responde a una antigua exigencia de las organizaciones cívicas luchadoras por la democracia. A ellas debemos una buena parte de las instituciones que ahora existen como padrones electorales confiables, instituciones que reglamentan y organizan procesos electorales o tribunales que vigilan la rectitud de los actos de los partidos políticos. Pero tampoco autoriza aceptar todos sus planteamientos de manera acrítica.
La Revocación del Mandato tendría como función exigir eficacia en los gobernantes. Estos así sentirían la vigilancia constante de los ciudadanos que los eligieron. El tema se extendería desde luego a la moralidad en su conducta.
Otra finalidad es la de ponerle un límite al ejercicio inaceptable de un gobernante. Es una ironía, se dice, que por respeto a su elección, el funcionario ha de permanecer en su cargo hasta terminarlo cargando a la ciudadanía el irremediable peso de sus desaciertos. El costo en términos de abandono de necesidades que se desatienden. Sin duda el destino de los recursos debe estar siempre sujeto a la decisión popular que evite dispendios, corruptelas o frivolidades. Para eso están los reglamentos que han de respetarse.
La interrogante que importa, una vez tomada la decisión de sujetar al funcionario a la criba de su posible destitución, es el método para determinar su sustituto. Sin determinar este detalle la eventual revocación de su encargo acabará siendo una muy peligrosa y costosa farsa.
Otro elemento que hay que tomar en cuenta es la celeridad con que puede realizarse la continuación del servicio interrumpido por el proceso de revocación. En puestos de corta duración como los de presidencias municipales el tiempo que se llevaría en reunir el consenso para emprender el proceso y el reinicio de actividades con el nuevo titular seguramente rebasaría la duración misma del cargo.
En el caso del presidente de la república el lapso sexenal podrá dar suficiente tiempo para concertar la exigencia de rechazo, preparación del procedimiento y realización de demás protocolos correspondientes. La cuestión que en este caso es aun más grave: la de determinar la persona en la que ha de caer las funciones interrumpidas.
La Revocación del Mandato del presidente plantea, con toda su severidad, la necesidad de tener previsto quién ha de tomar eventualmente su lugar. Tratar el asunto como renuncia, ausencia o desaparición del titular equivale a introducir un periodo provisional que a su vez genera el compromiso de nuevas elecciones. El proceso revocatorio podría significar entregar el poder a un suplente como se hace con los diputados que renuncian.
La alta probabilidad de que el presidente López Obrador, sujeto al procedimiento de revocación, tal y como lo ha prometido formalmente, sea absuelto por clamorosa mayoría en plaza pública significando la plena afirmación de su mandato con lo cual podrá sentirse autorizado, también plenamente, a ampliar su proyecto de transformación nacional.
En el caso de que la revocación del mandato sea aprobada por el Congreso como ejercicio electoral formal, deberá reglamentarse detalladamente a fin de blindarlo de cómputos por cualquier razón equivocados.
Tal proceso tendría que fijar el método para escoger el que asuma los poderes presidenciales. De ninguna manera puede ser benéfica la entrega del poder presidencial a quien no fue electo para ello.
La fórmula de Revocación del Mandato aprobada por los diputados de Morena vía un crudo mayoriteo requiere ser rechazada por el Senado. El problema de llenar el hueco que una revocación produciría sigue y, a mi ver, imposibilita su aprobación bajo cualquier fórmula.
