La revisión de la Cuenta Pública anual del gobierno estatal y de los 38 municipios de Coahuila corre a cargo de un órgano técnico del Congreso local llamado Auditoría Superior del Estado (ASE). Para llevar a cabo su importante tarea, ésta prepara cada año un programa denominado de "auditorías, visitas e inspecciones". En el medio se le conoce por sus siglas como PAAVI.
La ley que rige la materia es la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila, ordenamiento vigente a partir del 23 de septiembre de 2017. Esta ley dispone en su art. 94, Apartado B, fracción VIII, que es facultad indelegable del Auditor Superior aprobar (por sí y ante sí) el mencionado PAAVI "durante el primer trimestre del ejercicio (entre enero y marzo de cada año) y difundirlo en la página de internet de la ASE, así como en el periódico oficial del gobierno del estado; así mismo deberá remitirlo a la Comisión para su conocimiento".
¿A qué Comisión es a la que se refiere el precepto transcrito? A la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que yo coordino, una de las comisiones ordinarias del Congreso local, la cual tiene por objeto llevar las relaciones entre éste y la ASE, así como constituirse en "el enlace que permita garantizar la debida comunicación entre ambos órganos, así como vigilar y evaluar el desempeño de esta última" (art. 111), es decir, de la ASE.
El art. 22 de la ley dice lo mismo que el 94 ya citado: Que el programa anual de auditorías lo establecerá el Auditor Superior, que se difundirá tanto en el periódico oficial como en la página de internet de la ASE y que dicho programa "podrá modificarse cuando el Auditor Superior lo considere necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones, debiendo publicar dichas modificaciones en su página de internet, así como en el periódico oficial del gobierno del estado". Retenga por favor el lector esta parte final.
Antes de pasar adelante, cabe poner de relieve que su programa anual de auditorías la ASE sólo lo da a conocer al Congreso a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental. Y nada más.
Papel muy diferente al meramente pasivo que en Coahuila tiene el Congreso local, juega la Comisión equivalente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con respecto al "programa anual de fiscalización" que elabora la Auditoría Superior de la Federación, ya que la Comisión legislativa federal analiza dicho programa y evalúa su cumplimiento, así como en su caso las modificaciones que se le hagan, amén de que puede "formular observaciones cuando dichos programas omiten áreas relevantes de la Cuenta Pública". (art. 84-IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación). En Coahuila, nada de esto.
Pues bien, para la revisión de la Cuenta Pública de 2017 la ASE elaboró un programa de 1,944 auditorías. De éstas 1,497 serían de las llamadas auditorías de cumplimiento, 143 de legalidad, 155 de desempeño, 143 financieras y 6 coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación. Suman el ya mencionado número de 1,944. Así lo dio a conocer a los diputados el titular de la ASE en sesión celebrada por la Comisión de Auditoría Gubernamental el 11 de abril de 2018 y entregó el documento respectivo (ver cuadro que aparece en la pág. 41 del PAAVI), mismo que ya había sido publicado en la edición del periódico oficial del estado de fecha 6 de abril del mismo año.
Para no extender más este artículo, se solicita al lector una disculpa por no explicar en qué consiste cada uno de los tipos de auditoría arriba mencionados, pero su propia denominación en buena medida los define. Asimismo se hace notar que el programa de auditorías no incluía absolutamente ninguna de "obra pública".
Sin embargo, a la hora de entregar la ASE al Congreso local su Informe 2017 de los Resultados arrojados por las auditorías practicadas, el programa de éstas se modificó de manera significativa. Así, en lugar de haber sido las 1,944 comunicadas originalmente se indica que finalmente sólo fueron 1,848 (es decir, casi cien menos), como sigue: 1,246 de cumplimiento (en lugar de las 1,497 inicialmente anunciadas), 136 de legalidad, 133 de desempeño, 142 financieras y 191 de obra pública (ver tabla inserta en la pág. 10 del Informe Ejecutivo), auditorías de las que el programa original, como ya se dijo, no incluía absolutamente ninguna.
¿A qué obedeció el cambio tan notorio en el programa de auditorías de la ASE? ¿Cuándo se le hicieron las modificaciones, bajo qué supuestos y por qué nunca se publicaron? ¿Por qué finalmente sí se incluyeron auditorías de obra pública? ¿Cuál fue el sentido y verdadero alcance de estas últimas?
Nada sabemos, porque simplemente y en clara violación del art. 22 de la ley, nunca se publicaron en la página de internet de la ASE ni en el Periódico Oficial las modificaciones al programa. Pudiera ser que parte de la clave para entender el embrollo esté en las auditorías de obra pública, tema al que dedicaré la siguiente entrega.
