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jueves 14 de marzo 2019, actualizada 9:39 pm


Metamorfosis

A pesar todos los argumentos en contra, habemus Guardia Nacional en el país, por lo menos durante los próximos cinco años; tiempo en el que prácticamente tendremos al ejército en las calles, lo que significa, quiérase o no, una militarización del país, aún cuando se trate de minimizar el hecho con la supuesta operatividad y mando civiles.

La militarización es un término que, en principio espanta a cualquiera, pero a decir verdad, no podemos caer en maniqueos y reducir el tema a una dicotomía, ni todo lo militar es malo, ni todo es bueno. La relatividad es una constante que juega en las circunstancias socioculturales en el tiempo y en el espacio. Así fue, así es y así seguirá siendo.

La presencia de militares palia el sufrimiento y hacer renacer la esperanza en casos de desastres naturales. Lo hemos visto, lo hemos vivido cuando aplican el Plan DN3, ellos cavan, palean, cocinan y establecen orden en el caos de la tragedia.

Dirán los detractores de la Guardia Nacional que no es lo mismo; y ciertamente no lo es, pero la situación delincuencial en el país, es crítica; tan aguda y grave es que no hay policía civil que pueda contener ni siquiera la delincuencia común, menos al crimen organizado.

Tenemos que recordar que el ejército ha sido parte fundamental en la vida de nuestra nación, y que, a pesar de las atrocidades, aisladas por suerte, de algunos grupos pequeños de las Fuerzas Armadas, es más un ejército de paz que auxilia a la sociedad en momentos críticos; y en los últimos 12 años la situación en México se ha tornado insostenible en materia de seguridad pública.

Miembros del Ejército y la Marina, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de enero de 2007 a junio de 2017 se aumentó significativamente el índice de torturas, desapariciones y ejecuciones, todas documentadas, lo que generó 204 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos; de las cuales la mayoría fueron ignoradas.

La impunidad y el fuero constitucional ante la justicia penal en el orden civil, que han gozado las fuerzas castrenses es tal, que pugnar por la justicia es como gritar en el desierto.

Sus tropelías son huellas imborrables en la memoria de los mexicanos, Tlatelolco 68 no se olvida, ni Tlatlaya, ni Ayotzinapa 1914; y los cuerpos policíacos no han cantado tan mal las rancheras, sólo recuerde la masacre de Aguas Blancas, 1995, entre los casos más sonados.

Encubrimiento, impunidad, corrupción, violaciones a la ley y a los derechos humanos parecieran ser la constante en actividades policiales de la Sedena.

La Ley de Seguridad Interior expedida el 17 de diciembre de 2017, por el ex presidente Peña Nieto, incluía la intervención de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales (policías), y operaría a partir de la recolección y procesamiento de información para la toma de decisiones en cuanto a uso legítimo de la fuerza, así como técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos propios de las instituciones federales fue criticada y rechazada por obvias razones por parte de organismos internacionales y nacionales; pero he aquí que, AMLO toma en sus brazos a la ley recién nacida, le pone el nombre de Guardia Nacional y la envía al Senado para que la maquillen, quedando como un cuerpo de seguridad pública de carácter civil en el que además de policías participarán también miembros del Ejército y de la Marina, por un período máximo de cinco años, lapso en el que se espera reclutar 50 mil jóvenes que serán entrenados militarmente.

Juzgar a priori nunca es bueno, pero la experiencia en otros países no es nada halagüeña; sin embargo cada caso es particular, y toda regla tiene su excepción. Esperemos que la Guardia Nacional sea lo que se espera de ella.

Héctor García Pérez

Comarca Lagunera

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