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EDITORIAL

Tibia oposición

Archivo adjunto

LUIS F SALAZAR WOOLFOLK
miércoles 13 de marzo 2019, actualizada 7:57 am


De acuerdo a la experiencia de los últimos trece años, el obscuro contubernio entre poder y crimen organizado, además de ocasionar la quiebra de la economía y las finanzas públicas, dejó en el Estado de Coahuila una estela de violencia que tuvo como resultado entre otras cosas, la operación de un campo de exterminio en el Penal de Piedras Negras, el descubrimiento de fosas clandestinas en el Ejido Patrocinio y otras locaciones, la destrucción del Poblado Allende, la desaparición sistemática de personas, etcétera.

La aprehensión del ex gobernador de Coahuila Jorge Torres López ocurrida a principios de febrero pasado y la reciente extradición de España a los Estados Unidos de Juan Manuel Muñoz Luévano, presunto contacto en Europa del Cartel de los Zetas, son vistas por algunos observadores del quehacer público, como la posibilidad de que algún día se haga justicia a los coahuilenses, respecto a los hechos delictuosos cometidos desde el poder, por los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdez.

La visión optimista que lo anterior supone, considera que con la captura de los personajes referidos la justicia norteamericana cerrará el cerco en torno a los ex gobernadores mencionados de manera especial en relación Humberto, a quién se considera el artífice de la alianza con los grupos criminales que asolaron la entidad en el pasado reciente.

Lo anterior es parte de una visión demasiado optimista, porque el segundo de los Moreira impuso como sucesor en la gubernatura a Miguel Riquelme Solís, quién ha dado muestras inequívocas de operar como tapadera del Moreirato. Por si fuera poco, los largos años en los que ha controlado al Estado, a partir de una red de complicidades, el PRI de los Moreira se encargó de montar un sólido andamiaje legislativo e institucional con el objeto de asegurar la impunidad de sus autores y generar las condiciones para que pase lo que pase, la cuerda siempre se reviente por lo más delgado y los Moreira resulten intocados.

A lo anterior obedece a que cada vez que se cumple una nueva aprehensión, desde la ejecutada sobre el ex secretario de Finanzas Javier Villarreal detenido en Estados Unidos por primera vez el 28 de octubre de 2011, pasando por otros cómplices del Moreirato como Guillermo Flores Cordero o Rolando González Treviño, las expectativas de justicia que suscita cada avance de la justicia norteamericana, no alcanzan a los peces gordos es decir a los verdaderos responsables.

Esta tendencia se aprecia en el caso de José Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado de Coahuila, que entre algunas de sus tropelías se encuentra la de haber hecho la petición que clasificó como reservada por la Legislatura Local, toda la información que integra la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo hasta el período 2010, en que se contrajo en forma fraudulenta la mega deuda pública que hipoteca el futuro de los coahuilenses, así como de nuestros hijos y nietos.

El Auditor mencionado con antelación, que de tiempo atrás ha sido señalado por elementos opositores y organizaciones ciudadanas, por el papel de encubridor que ha desempeñado desde el sexenio de Moreira Humberto hasta el día de hoy, en la actualidad está siendo objeto de renovadas acusaciones en el Congreso Local por la oposición, de manera especial por la bancada del Partido Acción Nacional, cuyos voceros aseguran que iniciarán en su contra, un juicio político que lleve al Auditor de referencia a la destitución, inhabilitación y eventual proceso penal.

Desde luego que la intención de la oposición es válida pero tibia, en la medida en que tales intenciones y eventuales procedimientos, en tanto no incluyan de modo expreso a Moreira Humberto y Moreira Rubén como principales responsables de lo acontecido, funcionarán como mecanismo de distracción e impunidad en favor de los ex gobernadores, como ha ocurrido con los otros chivos expiatorios.

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