'Hay mucha celeridad para hacer las cosas y eso puede ser su peor enemigo; por querer dar resultados inmediatos se están preocupando por ellos mismos y eso hace que violen leyes, que se brinquen procedimientos', aseveró el especialista. (ARCHIVO)
A punto de cumplirse el próximo domingo los primeros 100 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tomó el mando de México el 1 de diciembre, representantes de la sociedad civil evaluaron este miércoles su desempeño rotulando en rojo algunos puntos preocupantes: mentiras, prisa y recortes.
En el conversatorio "100 Días: Un análisis de las acciones de Gobierno en materia de derechos humanos, medioambiente y género", se expuso que 31 % de lo que divulga el mandatario es falso y que los recortes a organismos ambientales, así como a organizaciones de la sociedad civil, no son signos positivos.
Han sido poco más de tres meses en los que el Gobierno ha impuesto una estampida política motivada por el quiebre de la hegemonía de los dos partidos tradicionales y una sensación de responsabilidad social apremiante, superior a la de sexenios anteriores.
No obstante, Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señaló que la rapidez con la que el Gobierno ejecuta decisiones podría acabar siendo una arma de doble fijo, una navaja que le corta las manos.
"Hay mucha celeridad para hacer las cosas y eso puede ser su peor enemigo; por querer dar resultados inmediatos se están preocupando por ellos mismos y eso hace que violen leyes, que se brinquen procedimientos", aseveró el especialista.
Estas acusaciones sustentan su naturaleza crítica en la puesta en en marcha de megaproyectos de infraestructura en el sur del país, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.
En ambos casos se están burlando los procesos legales de realizar un impacto de estudio ambiental que legitime la construcción.
Esto preocupa al experto desde el punto de vista ecológico, consternación a la que agregó cierta falta de coherencia en la reciente cancelación de una mina en el estado de Baja California Sur, algo que aplaude pero alega que obedece a mero capricho político, no a compromiso con el medioambiente.
La mina, dijo, contaba con los permisos pertinentes para operar y con un estudio de impacto ambiental.
A esto agregó que ha habido una brusca reducción al presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que vio reducido su margen de maniobra económica en 32%.
Asimismo, indicó que la Secretaría de Energía incrementó fuertemente su presupuesto, algo que deja claro que el nuevo Gobierno "está apostando por los combustibles fósiles y no por la transición energética, que es la tendencia a nivel mundial".
Para concluir su intervención, Alanís apuntó que, según la consultoría Integralia, "31 % de las cosas que dice el presidente en su conferencia de prensa diaria no se corresponde con la realidad".
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, apuntó como nota positiva que el Gobierno está siendo muy incisivo con la impunidad y con la defensa de los derechos humanos.
Ejemplo de ello fue la recepción en Palacio Nacional de las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, uno de los tajos más profundos que dejó en materia de derechos humanos el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
También ejemplifican este compromiso las recientes disculpas públicas a la periodista Lydia Cacho o a los padres de los jóvenes desaparecidos en el municipio de Tierra Blanca, dos casos también emblemáticos en los que se vulneraron de manera flagrante los derechos humanos por parte del Estado.
Sin embargo, estos hechos chocan con los recientes recortes a instancias infantiles o a organizaciones de la sociedad civil.
Para justificar esto, López Obrador argumentó que así se evitarán actos de corrupción, uno de los males endémicos del país. Todos los ponentes coincidieron en que esa es una de las luces del mandato del presidente. No obstante, lamentan que paguen justos por pecadores.
"Estaría bien que nos dijera quién está cometiendo actos de corrupción", esgrimió Alejandra Padilla, de la organización "Equis, justicia para las mujeres".
Aprovechó su turno de palabra para condenar la aprobación de una Guardia Nacional, pues supone una perpetuación de la militarización del país, estrategia promovida en los últimos 12 años y que no ha reducido la letalidad criminal en un país que cerró 2018 como el más violento de su historia reciente, con 34.202 asesinatos.
