Apuntó además que la entidad cuenta con 1.1 policías activos por cada mil habitantes, es decir, falta 0.7 para cumplir con los parámetros mínimos internacionales. (ARCHIVO)
Los niveles de capacitación de las corporaciones policíacas a nivel estatal en comparación a la media nacional es mínima, destacó Pedro Carrizales Becerra, alias "El Mijis", diputado local de San Luis Potosí al anunciar una propuesta de ley para reforzar a las corporaciones municipales y estatales, instancias que no han recibido mejores significativas desde al menos hace 10 años, declaró.
Por esta razón, anunció que presentará una iniciativa con el objetivo de cumplir con los estándares establecidos por la ONU en materia de elementos por cada mil habitantes y para garantizar la capacitación de los elementos preventivos.
Becerra anunció que presentará una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar en las corporaciones municipales y estatales en todo el país la existencia de 1.8 policías activos por cada mil habitantes, para cumplir con el estándar mínimo que señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Apuntó además que la entidad cuenta con 1.1 policías activos por cada mil habitantes, es decir, falta 0.7 para cumplir con los parámetros mínimos internacionales.
Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), "El Mijis", reveló que hay materias de capacitación que sólo se ha otorgado al uno por ciento de la fuerza policial, en contra parte a nivel nacional este índice varía del 40 al 90 por ciento, algunos de los temas en los que hay mínima o nula capacitación son: uso legítimo de la fuerza, primer respondiente, derechos humanos y garantías individuales, preservación del lugar de los hechos e informe policial obligado.
Aseguró que esta iniciativa abonará a la labor que realizará la Guardia Nacional ante su inminente aprobación a nivel de Congresos locales, ya que ésta sólo atiende una urgencia de seguridad con una temporalidad de 5 años, siendo un plazo razonable para perfeccionar y fortalecer las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno y garantizar una sustitución ordenada de las labores de seguridad al término del plazo establecido.
