Se abrirán los archivos del desaparecido Centro de Información y Seguridad Nacional.
Como una medida histórica y de transparencia fue considerado por diferentes sectores de la sociedad el decreto presidencial a través del cual se abrirán los archivos del desaparecido Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Es parte de la memoria histórica el que todos los mexicanos tengamos acceso a la información. Es una responsabilidad del Estado: garantizar el derecho a la información y ya cada persona de conformidad con el marco legal puede proceder con la información que se disponga", apuntó López Obrador.
Además, comentó que los documentos secretos del Cisen, que estarán a disposición del Archivo General de la Nación (AGN), sí podrían ser utilizados para realizar denuncias por espionaje, solo si se trata de pruebas válidas, actos vigentes y que no prescriben.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, consideró "esperanzadora" la decisión del mandatario de abrir los expedientes, ya que se trata de una señal y un compromiso de que el gobierno federal actuará con transparencia, tolerancia y respeto a las opiniones que disientan.
Los archivos de 1920 a 1948 tendrán una apertura total, mientras que de 1949 a 1988 se reservarán datos sensibles por tener 70 años o menos.
Los archivos de 1988 a la fecha reservarán datos personales para evitar afectaciones a los derechos personales, y existirá la posibilidad de reservar entre 5 y 12 años documentos que puedan formar parte de procesos judiciales o violentar la protección a los derechos humanos.
El director del Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruiz, afirmó que el gobierno federal abrirá todos los expedientes que se tengan que abrir, pero aclaró que el Estado no va a investigar los archivos reservados del Cisen.
También se precisó que tienen 28 días para dar a conocer los lineamientos para la entrega de la información, y 180 días para que las autoridades federales se coordinen con todas las instituciones públicas para darles a conocer el procedimiento para la transferencia de los documentos.
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación es una garantía del derecho a la memoria histórica del país.
