La madre de una bebé migrante que falleció poco después de que la dejaran en libertad del mayor centro de detención familiar del país demandó ayer a la pequeña ciudad de Arizona, a la que el Gobierno federal pagó durante años para que se hiciera cargo de la instalación solo nominalmente.
En la demanda, la guatemalteca Yasmín Juárez alega que su hija de un año, Mariee, fue afectada por una enfermedad respiratoria en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, y el personal médico no le brindó atención adecuada antes de que la liberaran tres semanas después.
La demanda está dirigida contra la localidad de Eloy, Arizona, que cobraba 438 mil dólares anuales al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EUA (ICE por sus siglas en inglés) para operar oficialmente las instalaciones durante cuatro años, aun cuando la ciudad se ubica a unos 1,450 kilómetros (900 millas) de distancia. Eloy contrató después a la operadora privada de prisiones CoreCivic para que se hiciera cargo de Dilley, en un acuerdo cuestionado incluso por los propios abogados del ICE.