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México no avanza en el Estado de derecho

Se presentó un estudio hecho por el World Justice Project, el cual identificó la corrupción, la seguridad y la justicia penal en el país.

Se presentó un estudio hecho por el World Justice Project, el cual identificó la corrupción, la seguridad y la justicia penal en el país.

EFE

México no tuvo avances significativos en el último año en cuanto a respeto al Estado de derecho, reveló ayer un estudio elaborado por el World Justice Project (WJP), el cual identificó la corrupción, la seguridad y la justicia penal como áreas prioritarias que requieren atención en el país.

Por segundo año consecutivo, México mantuvo una calificación de 0.45 de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2019 elaborado por WJP, en una escala que va de 0 a 1 y en la que 1 significa la mayor adherencia al Estado de derecho.

"Esto refleja que no ha habido cambios importantes, que no hay mejoras muy grandes", dijo Jorge Morales, investigador de WJP y coautor del estudio.

México se situó en el puesto 99 de 126 países evaluados (1 es la mejor posición), lo que representó una caída de dos puestos que Morales atribuyó en parte a que "dos países mejoraron relativamente".

El índice es una evaluación sobre la adherencia al Estado de derecho en el mundo desde una perspectiva ciudadana. Los puntajes se calcularon con base en encuestas en 120,000 hogares y a 3,800 expertos en 126 países.

Se mide el desempeño de los países utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal. "En México fuimos a encuestar a las tres principales ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (entre 2017 y 2018), a una muestra aleatoria de 1,000 personas de población general, y el número de expertos es un poco menor a 50 en todo el país", indicó Morales.

Por su parte, Leslie Solís, también coautora de la investigación, explicó que para obtener el índice se realizan encuestas a la población general con preguntas sobre percepción de corrupción, sensación de seguridad, acceso a la Justicia y otros aspectos.

En cuanto a los expertos, refirió que son especialistas en derecho penal, laboral y civil, así como en salud pública.

"A ellos les hacemos preguntas más específicas. Por ejemplo, sobre cumplimiento regulatorio, una persona común no tendría por qué saber cosas tan detalladas".

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