En afán de justificar parte del sobreendeudamiento en que incurrió el gobierno durante el sexenio pasado, en cuyo escenario el débito total llegó a arañar el equivalente a 50% del Producto Interno Bruto, la Secretaría de Hacienda habló de haberle inyectado cuantiosos recursos a los fondos laborales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en afán de equilibrarlos.
El caso es que esta última tiene aún un boquete en su pasivo laboral, es decir, el faltante para atender solicitudes de pensión y jubilación de sus trabajadores, por un monto de 19 mil millones de dólares.
La empresa productiva del Estado arrastra un pasivo total de 60 mil millones de billetes verdes, de los cuales 13 mil se explican por emisiones de deuda en los mercados o préstamos bancarios; 16 mil por los denunciados contratos leoninos que le obligan a pagar como si operaran gasoductos en obra paralizada.
Y si le seguimos, a los productores externos de energía se les adeudan 7 mil millones, y a los participantes en el fallido esquema Pidiregas, 6 mil millones. Como recordará usted, éste se ideó como una fórmula para ocultar pasivos, bajo la idea de cubrir el costo de obras de infraestructura con financiamiento privado que, según ello, se pagaría al entrar éstas en operación.
Lo cierto es que, como en el caso de Pemex, en el escenario trágico está la intención de minar a la empresa productiva del Estado dándole todas las ventajas a la competencia privada.
Así, otorgada por la reforma energética a la empresa la facultad exclusiva de transmisión del fluido generado por ella o los privados, la Comisión Reguladora de Energía impuso una tarifa que resulta ventajosa para éstos.
El círculo se vuelve más estrecho si se considera que el gobierno anterior lanzó una emisión vía la Fibra E para reforzar la estructura de transmisión de la firma, en lugar de enfocarla a generación.
Estamos hablando de 16 mil millones de pesos.
Bajo la férula de ésta, además, se impusieron tarifas de generación eléctrica que resultan inferiores a los costos de producción de la CFE.
Como usted sabe, la mitad de la generación por parte de privados se le vende a la exparaestatal en condiciones desventajosas, con la novedad de que los contratos se firmaron por 15 años.
En afán de tratar de enderezar la nave, la CFE está renegociando prácticamente todos los contratos desde un marco en que se ha comprometido el gobierno a no promover cambios constitucionales hasta dentro de tres años.
En el marco se está cerrando otra fuente de drenado con la creación de un sistema anticorrupción que vigila las compras de la empresa con visión retrospectiva.
En los tiempos que corren, no se trata de revivir una empresa monopólica, pero tampoco de que la conviertan en una más del montón.
BALANCE GENERAL
Emotivo, humano, el discurso del presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, logró concitar a su final una ovación de pie de los mil 300 asistentes al cambio de estafeta, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, el del presidente entrante, Carlos Salazar Lomelín, éste de corte político–social, logró que el numerito se repitiera en varias ocasiones. Así cuando habló de que las empresas no le piden trato privilegiado al gobierno; cuando subrayó los graves contrastes sociales del país…
En el marco, el exdirector general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) se comprometió a invertir de la mano del gobierno y contribuir a que se erradique la pobreza extrema en el sexenio.
El Ejecutivo aceptó la colaboración y comprometió a su vez al sector a participar en la cruzada para erradicar la corrupción.
