La huelga fue convocada por el sindicato Intersindical-CSC contra la reforma laboral, pero adquirió un carácter político. (EFE)
Cientos de personas salieron hoy a las calles de varias de regiones de Cataluña para apoyar la huelga general, que ha tenido un efecto parcial en las carreteras y el transporte y ha sido acatado en menor medida por el comercio y la industria.
La huelga fue convocada por el sindicato Intersindical-CSC contra la reforma laboral, pero adquirió un carácter político al protestar los cientos de manifestantes contra el juicio al "procés" que se realiza a dirigentes independentistas de Cataluña.
En el centro de Barcelona, cientos de personas invadieron durante una hora las vías del tren en la estación de Plaza Catalunya, en el marco de la marcha estudiantil convocada para el mediodía de este miércoles.
En la plaza Universitat de Barcelona se concentraron miles de personas para manifestar su rechazo al juicio del 1-O.
Las manifestaciones de protesta se han realizado en Barcelona, y en localidades como en localidades Tarragona, Girona o en el Eix Macià en Sabadell, entre otras.
Según medios locales, los Mossos d'Esquadra detuvieron a cuatro personas: una en Barcelona, otra en Gurb y dos más en Tarragona, por atentado a la autoridad.
El paro laboral fue convocado por el sindicato minoritario CSC, pero sin el apoyo de las principales centrales sindicales, aunque sí de varias entidades independentistas y del gobierno catalán.
La huelga ha tenido un seguimiento alto en las universidades (67.4 por ciento), convocada por la plataforma Unis per la República, que aglutina a varios colectivos estudiantiles independentistas, y del 28 por ciento en escuelas e institutos, según medios locales.
El gobierno de Cataluña ha reiterado su llamado a la "movilización permanente", sin embargo en esta ocasión solo el 18.3 por ciento de los trabajadores de la Generalitat acató la convocatoria, según el Departamento del Trabajo.
Los líderes del proceso independentista en Cataluña enfrentan posibles penas que van de los siete a los 25 años de prisión, por cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Los 12 acusados enfrentan cargos por actos relacionados con el referendo del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y por la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña, del 27 octubre del mismo año.
El principal acusado, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se encuentra prófugo en Bélgica, mientras que la secretaria del partido ERC, Marta Rovira, acusada de ser una de las principales estrategas del proceso, se encuentra en Suiza.
