El pasado 18 de febrero sesionó en la sede del Congreso de Coahuila la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que yo coordino. La Constitución local dispone (art. 67-XXXIV) que a más tardar 60 días naturales después de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) haya presentado a la Legislatura su Informe Anual de Resultados (IAR) de la revisión a la Cuenta Pública, en el caso la correspondiente al año 2017, la mencionada Comisión legislativa emitirá un dictamen.
El 18 de febrero fue el día número cincuenta y nueve de ese plazo. El coordinador de la Comisión, que como dije soy yo, cumplió con la encomienda, nada fácil, de elaborar un proyecto de dictamen (34 cuartillas a renglón cerrado y 4 anexos), mismo que se dio a conocer la víspera a los demás integrantes de la Comisión.
Elaborar ese proyecto de dictamen implicó un gran esfuerzo. Requirió revisar al menos todo el IAR (casi diez mil hojas) y leer detenidamente buena parte del mismo, así como otros documentos relacionados tales como el programa anual de las auditorías llevadas a cabo por la ASE, sus informes semestrales de seguimiento, y desde luego revisar y consultar en numerosas ocasiones la vasta legislación local y federal aplicable. Y en ocasiones también, por supuesto, buscar o cotejar algún dato en la documentación fuente, que es la propia cuenta pública, asimismo de gigantescas dimensiones.
Una enorme tarea pues para ser realizada en apenas 58 días. Algo que ni remotamente imaginan los que así, nada más y de manera general, expresan su crítica en el sentido de que todos los diputados "no hacen nada".
He escrito lo anterior no con el ánimo no de magnificar lo descomunal de esa tarea, es decir, de la preparación del proyecto de dictamen al que vengo haciendo referencia, sino para explicar por qué no fue posible concluir la preparación de ese documento con mayor anticipación al plazo fatal de 60 días, establecido por la Constitución local. Quizá unos tres o cinco días antes.
En lo personal qué más hubiera yo deseado, pero sencillamente no fue posible. Nada mejor que los demás compañeros integrantes de la Comisión, de cinco diferentes partidos, hubieran dispuesto de más tiempo para conocer el documento y haberse impuesto con más calma de su contenido. Entre otras razones para que en el seno de la Comisión se hubiera producido un debate intenso y desde luego más rico.
De cualquier forma, en modo alguno debieron estar ellos sólo a la espera del proyecto de dictamen. Tuvieron la posibilidad de ir preparando, por la importancia del asunto, un Voto Particular. Voto Particular que desde luego no prepararon y por lo que pude advertir ni siquiera se les ocurrió. Allá ellos.
En resumen, no fue posible tener pues con más anticipación el multicitado proyecto de dictamen, por la enorme dimensión de trabajo que implica. Y como toda obra humana ha de tener errores, quizá no pocos, por supuesto omisiones, y ser desde luego perfectible. Pero se emitió, como se suele decir, en tiempo y forma.
Vale la pena hacer aquí una comparación con lo sucedido un año antes. La ASE entregó al Congreso su Informe Anual de Resultados correspondiente a la Cuenta Pública de 2016, el 26 de diciembre de 2017. A la legislatura entonces en funciones, la LX, le faltaban escasos cinco días para terminar su periodo. Cualquiera con un mínimo de sentido común entendería que la tarea de preparar el correspondiente dictamen recaería ya en la nueva Legislatura que tomaría posesión el 1 de enero de 2018, porque el plazo disponible para hacerlo era hasta el siguiente 24 de febrero. Pero no, se optó por el camino más difícil.
Por increíble, absurdo, grotesco que parezca, esa Legislatura a punto de fenecer y con aplastante mayoría priista, apenas un día después de recibido el Informe de la ASE, es decir, el 27 de diciembre, emitió el correspondiente dictamen. Dictamen que por supuesto, apenas 24 horas después, ya había quedado debidamente aprobado.
Lo anterior implica que en el breve lapso de un día, los responsables de la elaboración de ese dictamen, al menos hojearon -no revisaron y mucho menos leyeron- las diez mil cuartillas del Informe de la ASE. Así como la necesaria labor de verificar datos, comprobar cifras, consultar otros documentos, transcribir textos, allegarse mayor información, buscar la legislación aplicable. No, nada de eso, ¡qué va!
Pues bien, ese dictamen del 27 de diciembre de 2017, el anterior al más reciente del 18 de febrero de 2019, está contenido en apenas 15 cuartillas con tipo de letra grande y a espacios muy abiertos. Para rellenarlo, 8 cuartillas se ocupan en transcribir el índice del Informe de la ASE y en mencionar una a una las 134 dependencias estatales y municipales que en 2016 presentaron cuenta pública. Realmente algo patético, un bodrio de documento. Nadie se puede sentir orgulloso de su autoría. Objetivamente el contraste es notable entre el caso anterior y el actual. Continuaremos con el tema.
