Colocada en la mesa una amenaza de la calificadora de deuda Fitch Ratings de degradar la calidad crediticia de Petróleos Mexicanos al no convencerle el plan para su rescate, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó, de facto, la posibilidad de una reforma que enrarecería aún más el ambiente hostil de los mercados hacia la empresa productiva del Estado.
Estamos hablando de una modificación a la Ley de Pemex que le conferiría mayores facultades al director general, en mengua del gobierno corporativo.
De hecho, en una de sus partes se anota letra por letra que el Consejo de Administración podrá ejercer sus facultades sólo “a propuesta del director general”.
Estrechado el callejón al mínimo tras la depreciación en los mercados secundarios de los bonos de deuda emitidos por la exparaestatal, lo que obliga a subir su rendimiento, en un escenario en que una posible degradación a nivel de bonos basura de los papeles provocaría un efecto dominó, al cancelar la calidad de grado de inversión de la deuda soberana del país, encareciendo el financiamiento externo, la iniciativa parecía imprudente y hasta provocadora.
El problema es que ésta salió de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, colocándosele en comisiones el 9 de enero pasado, en un marco en que estaba prevista para ayer mismo la discusión de un dictamen para llevarla al pleno, lo que se suspendió.
El escenario, pues, se volvió crítico: si se suspende el procedimiento se dejaría un precedente de debilitamiento a la división de poderes, a contrapelo de la frase foxista de “el Ejecutivo propone y el Congreso dispone”.
Ahora que si éste llegara a sus últimas consecuencias, el Presidente tendría poder para vetar la reforma… lo que daría pauta para hablar de división.
Lo cierto es que la iniciativa, en cuyo marco el Consejo de Administración no podría sesionar sin la presencia del director general, éste tendría facultades para plantear el plan de negocios de la empresa, ajustar los precios de sus bienes y servicios, y determinar las reglas para operar el sistema de información pública sobre proveedores y contratistas, había sido objetada por organizaciones no gubernamentales como México Evalúa y Ombudsman Energía México. El punto fino hablaba de una línea que apuntaba a menoscabar el poder y la capacidad del Consejo de Administración, desde el reducir de 10 a cinco años el requisito de experiencia en el ramo para consejeros independientes, hasta el despojarle de la posibilidad de determinar el factor de rentabilidad de cara a la participación de Pemex en licitaciones para exploración y producción.
El director general podría actualizar per se el plan de negocios frente a escenarios de crisis económicas o cambios en el mercado… “No hay iniciativa de parte nuestra”, dijo el titular del Ejecutivo.
BALANCE GENERAL
Colocado en primera fila en la instalación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, el presidente del Grupo México, Germán Larrea, apenas le dio un remedo de abrazo a su cruce con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya atención estaba fija en el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.
El empresario parecía nervioso por la cercanía del aniversario número 13 de la explosión en su mina de carbón de Pasta de Conchos que cobró la vida de 65 mineros ante la posibilidad de que la efeméride apresurara la intención de reabrir el expediente.
El marco habla de condiciones deprimentes en materia de higiene y seguridad; de promesas incumplidas a los deudos; de complicidad con la Secretaría del Trabajo para impedir la exhumación de 63 cadáveres que permanecen en los túneles.
MÁS CARGOS
Aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de darle la cita pedida (”sujeta a compromisos de agenda”), el callejón en que se encuentra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, es cada vez más estrecho.
A los cargos de presunto conflicto de interés se suma una denuncia por supuesta corrupción planteada ante la Secretaría de la Función Pública por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, para favorecer a firmas multinacionales. Como usted sabe, la instancia es la encargada de otorgar los permisos para instalación, traspaso o ampliación de estaciones de servicio.
En el marco, además, se tienen pruebas de que durante su gestión sí se favoreció a la filial de una compañía multinacional de comercialización cuyo director es familiar del funcionario en la barandilla.
