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EDITORIAL

El desacato

Archivo adjunto

LUIS F SALAZAR WOOLFOLK
miércoles 20 de febrero 2019, actualizada 7:14 am


La aprehensión del exdirector de Finanzas del Municipio de Torreón Pablo Chávez Rossique, se ofrece como botón de muestra de una de las peores caras del moreirato, como sistema de gobierno que en forma deliberada y sistemática, viola el orden jurídico en perjuicio de los ciudadanos.

Como es del conocimiento, el ex tesorero en la administración de Eduardo Olmos Castro, fue aprehendido el jueves pasado por orden de un Juez Federal para que responda por el delito de desacato, en virtud de que en ocasión del ejercicio del cargo violó un mandato judicial, que le ordenaba devolver el importe de impuestos indebidamente cobrados, que el funcionario se negó a regresar.

El desacato o desobediencia de una autoridad a la orden de un juez de amparo es grave, porque vulnera el principio de legalidad que sostiene todo el orden jurídico del Estado Mexicano, a partir del cumplimiento de la ley por quienes se desempeñen como autoridades.

No se piense que los jueces federales inician causas penales por desacato al primer incumplimiento del amparo concedido. Antes de proceder opera un sistema de advertencias, multas y otras medidas de apremio, y sólo en el supuesto de rebeldía persistente, cuando es reiterada la violación del amparo, se procede penalmente como en el caso en comento.

Sin embargo, al ser entrevistado al respecto, el que fuera alcalde de Torreón y hoy presidente del Comité Directivo del PRI en nuestra ciudad, Eduardo Olmos Castro, minimiza lo acontecido, y arropado en la impunidad que asfixia a los coahuilenses, se muestra confiado de que Chávez Rossique "saldrá bien librado de la situación…".

En la entrevista reporteril Olmos Castro dio rienda suelta al cinismo que caracteriza a los empleados del moreirato, al decir que tiene la certeza de que Chávez Rossique no incurrió en ninguna ilegalidad, y echa la culpa a "un grupo de ciudadanos" que tuvieron la osadía de promover "cerca de mil trescientos amparos" reclamando la devolución del importe del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, aprovechando (los ciudadanos quejosos) lo que para el exalcalde fueron "imprecisiones del Código Fiscal de Coahuila…".

Olmos se refiere al caso en forma despectiva, al decir que "se trata de un problema jurídico" lo que es evidente, pero en la medida en que revela el mal comportamiento de una autoridad que abusa de su poder, el desacato del extesorero reviste caracteres despóticos que cuestionan no sólo el proceder del funcionario en lo particular, sino que definen y denigran a todo el sistema. No se trata sólo de exprimir al contribuyente robándole su dinero, sino que es una demostración de fuerza en el ejercicio del poder para someter al ciudadano y a la colectividad en su conjunto.

La verdad es que en aquellos días el Poder Judicial de la Federación en diversos juicios de amparo, declaró inconstitucional el cobro del mencionado impuesto, en los términos en que se encontraba establecido en el referido Código Fiscal del Estado y los Jueces de Distrito obligaron en muchos casos a devolver el importe del pago indebido. Lo anterior no revela un mal comportamiento de los ciudadanos, sino un proceder ilícito tanto del Congreso de Coahuila que expidió la norma inconstitucional e injusta, como de las autoridades fiscales de Estado y Municipios que la aplicaban.

En los años en que el moreirato cohabitó con gobiernos federales panistas, la violación a las sentencias de amparo fue cosa de todos los días. Lo anterior no sólo en materia fiscal sino en los diversos órdenes, civil, penal, etcétera, y en forma extrema por su gravedad y frecuencia en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en las que quienes piden justicia, hasta la fecha tienen que estar promoviendo juicios de amparo en forma recurrente, para impulsar los trámites ordinarios en el pantano que es la justicia laboral en Coahuila.

El caso Chávez Rossique y la reacción del dirigente priista local Eduardo Olmos, confirman el talante autoritario de un sistema de gobierno que tiene postrados a los coahuilenses en la mediocridad y en la quiebra económica, moral, institucional y social.

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