La cuarta transformación… del Ejército

El siglo XXI en México no sólo es el de la alternancia política, también está siendo el siglo de la militarización de la vida pública. En las dos primeras décadas de la actual centuria el poder Ejecutivo ha pasado de ser controlado por primera vez por la derecha encarnada en el Partido Acción Nacional, al regreso del esquizofrénico Partido Revolucionario Institucional que terminó de allanar el camino a la izquierda personalista de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento. A pesar de las aparentes diferencias ideológicas, y en medio de la encarnizada lucha por el control de la agenda pública y mediática, la presencia de las Fuerzas Armadas ha ido ganando espacios en cada cambio de gobierno.

Tras las matanzas de Tlatelolco y Jueves de Corpus a finales de los sesenta y principios de los setenta, y la llamada guerra sucia contra la izquierda comunista, las Fuerzas Armadas sufrieron una transformación al menos en su imagen que implicó un repliegue a tareas casi exclusivas de rescate y apoyo en desastres. En los ochenta y noventa se hablaba ya del concepto de un ejército de paz que fungía como salvaguarda de la soberanía nacional y como soporte de auxilio a la población en situaciones de emergencia. Es plausible suponer que la insurgencia zapatista de 1994 volvió a colocar al Ejército en una posición protagónica para la defensa del régimen.

Conforme el zapatismo mudó hacia formas no violentas de activismo y las guerrillas de Guerrero y Oaxaca fueron cercadas en sus territorios, el poder político encontró en la creciente delincuencia organizada la coartada para mantener el protagonismo de las Fuerzas Armadas. Primero, de forma soterrada, con la militarización de la Policía Federal entre los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Luego, de manera abierta, con la utilización del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien vio en las instituciones castrenses la forma de legitimarse tras un resultado electoral altamente cuestionado.

Con la tropa en las calles haciendo las labores que las policías municipales y estatales dejaron de hacer por una u otra razón, la discusión política se centró en la pertinencia de usar a las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen. La izquierda y el PRI de entonces compartieron la posición de cuestionar la medida calderonista, mientras que el PAN se aferró a la defensa de la "guerra" de facto declarada por el presidente. Año con año, la creciente cifra de muertos y desaparecidos puso de relieve el fracaso de la estrategia, fracaso que fue utilizado por el PRI de Enrique Peña Nieto para regresar al poder.

Pero una vez en la silla presidencial, el mexiquense sólo modificó el discurso monotemático de Calderón para ampliar los temas de la agenda gubernamental, y mantuvo al Ejército y la Marina en las calles y operativos de seguridad pública. En un intento por legalizar esta presencia castrense, promovió la ley de seguridad interior que fue aprobada por el Congreso de la Unión, pero frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, las cifras oficiales seguían evidenciando lo errado de la estrategia.

Paralelo a ello, en entidades como Coahuila se fortaleció la presencia del Ejército con la construcción de cuarteles pagados con recursos estatales, en un hecho que puede interpretarse como la búsqueda de un soporte institucional castrense en medio de un clima político crispado por la desconfianza en el poder político derivada ya no por una elección cuestionada, sino por las dudas en el manejo del presupuesto y la incapacidad para hacer frente a la delincuencia con las instituciones civiles, las cuales también se fueron militarizando como había ocurrido ya con la Policía Federal.

De forma similar a lo que hizo el PRI en la campaña de 2012, en 2018 -y desde antes- López Obrador criticó la estrategia de combatir a la delincuencia organizada con la fuerza militar y sugirió varias veces que las tropas desplegadas en el territorio nacional deberían volver a los cuarteles. Sin embargo, muy pronto después de la elección del 1 de julio el entonces presidente electo se desdijo y cambió el discurso: el país no está preparado para el retiro del Ejército y la Marina de las labores de seguridad pública. Y tras esta aseveración llegó la iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional con un mando operativo castrense. Es decir, un nuevo intento -éste ya casi consumado- de legalización de la presencia militar en las calles.

Pero López Obrador ha dado un paso más allá. En el actual sexenio pasaremos del Ejército policía al Ejército constructor y administrador, ya que el presidente ha anunciado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hará cargo de la construcción y administración del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Es decir, una obra de uso civil controlada por el Ejército. De consumarse esto, estaríamos ante la cuarta transformación de las Fuerzas Armadas en México: de ser usadas por el poder político para reprimir, pasaron al auxilio de la población, luego a labores de seguridad pública y ahora al control de obras civiles y presupuestos de infraestructura no militar.

Agradecimiento