Ha indignado al gremio periodístico mundial y a defensores de derechos humanos. (ARCHIVO)
La detención por un dudoso caso de difamación de la reconocida periodista filipina Maria Ressa, que hoy quedó en libertad provisional tras pagar una fianza, ha indignado al gremio periodístico mundial y a defensores de derechos humanos.
Ressa, nombrada persona del año por la revista Time en 2018 y azote del presidente filipino, Rodrigo Duterte, fue detenida este miércoles y pasó la noche bajo custodia policial hasta que pagó una fianza de 1,900 dólares (1,700 euros), tras ser acusada de difamación cibernética por un reportaje publicado en 2012 en Rappler, el medio que dirige.
"El mensaje es claro. Es un abuso de poder y el uso de la ley como arma", señaló Ressa hoy a los medios, tras su liberación, sobre lo que considera una "persecución política" del Gobierno de Duterte.
"Debemos expresar indignación. La libertad de prensa no es sólo sobre periodistas, sobre mí o Rappler, es la base de todos los derechos de los filipinos, derecho a la verdad", añadió.
Rappler, medio digital nacido en 2010 y convertido hoy en uno de los más influyentes de Filipinas, ha destapado varios escándalos que atañen al Gobierno de Duterte y fue pionero en denunciar los abusos de su polémica guerra contra las drogas.
La detención de Ressa ha provocado una oleada de reacciones entre el gremio, como la de la Unión de Periodistas de Filipinas, que ve el caso como otro "intento de intimidar a la prensa independiente" por parte de un presidente con "aversión al disenso y la crítica".
"No es un asunto judicial, es un intento de amordazar a un medio y a una editora reconocida internacionalmente por su profesionalidad e independencia", denunció desde París el secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire.
El Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York -que en noviembre entregó a Ressa el prestigioso galardón "Gwen Ifil" a la libertad de prensa- tildó de "alarmante" la situación de la directora de Rappler y exigió que se le retiraran todos los cargos.
"La persecución judicial a Ressa es parte de una campaña más amplia de la administración Duterte para acosar y acallar a sus críticos, no sólo a la prensa", lamentó el representante de Human Rights Watch en Filipinas, Carlos Conde.
Sin embargo, el portavoz presidencial, Salvador Panelo, negó hoy que la mano del mandatario esté detrás del caso y aseguró que "la libertad de expresión, pese a lo que los críticos de esta Administración sugieren erróneamente, no tiene nada que ver con el hecho de que Ressa haya violado las leyes del país".
El Departamento de Justicia presentó a principios de mes cargos de difamación cibernética contra Ressa, como directora de Rappler, y contra el periodista Reynaldo Santos, autor de un reportaje publicado en mayo de 2012 sobre el empresario Wilfredo Keng.
Tres fiscales de ese Departamento fallaron a favor de Keng, que en octubre de 2017, cinco años después de la publicación del texto, presentó una queja porque en él se le vinculaba con el tráfico de drogas y de personas.
La División de Delitos Cibernéticos de la Oficina Nacional de Investigación desestimó el caso en febrero de 2018 porque ya había pasado el plazo de un año para presentar una demanda por difamación, pero el Departamento de Justicia lo reabrió sobre la base de la "publicación continua", ya que el reportaje seguía en la red.
Los cargos contra Ressa se sustentan sobre la Ley de Delitos Cibernéticos, que entró en vigor cuatro meses después de la publicación del artículo sin carácter retroactivo, por lo que los abogados de Rappler alegan irregularidades.
Éste no es el único proceso judicial que afronta Ressa en estos momentos, ya que el pasado noviembre recibió otra orden de detención por cinco delitos de evasión de impuestos, cuatro contra Rappler como empresa y uno contra ella a título personal.
Ressa eludió entonces la cárcel con el pago de cinco fianzas -la de hoy es la sexta- y el caso está pendiente de juicio, aunque ella alega que sus compromisos con el fisco están en regla y que todo forma parte del plan de Duterte para silenciar a Rappler.
El mandatario no ha ocultado su animadversión hacia la prensa, y en particular hacia Rappler, al que ha acusado de estar financiado por la CIA estadounidense, además de tratar de revocar su licencia y negar el acceso al palacio presidencial a sus periodistas.
