La presentación por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) del Municipio de Torreón, del programa de inversión para el mejoramiento de los sistemas de agua potable y drenaje, se ofrece como el inicio de la rehabilitación de ese elemento básico de la infraestructura de nuestra ciudad, que debe ser visto con reservas.
La propuesta hecha a las autoridades del Estado de Coahuila, cuya entrega tuvo lugar el lunes pasado, constituye un plan a ejecutarse con recursos de ambos niveles de gobierno, dentro del programa peso por peso, y define veinticuatro proyectos prioritarios y por lo tanto de atención urgente, cuyo costo suma la cantidad de doscientos seis millones quinientos mil pesos. Desde luego que la realización de los proyectos referidos está muy lejos de ofrecer una solución completa a la problemática, pero resulta obligada como primer paso para revertir los efectos del abandono de la infraestructura de nuestra ciudad en este rubro.
Lo paradójico del caso, es que toca a la actual administración que encabeza el alcalde Jorge Zermeño Infante el emprender este esfuerzo de la mano del gobernador Miguel Riquelme Solís, quién es parte del proyecto político moreirista que relegó al abandono a nuestra ciudad, inclusive durante los años en que el actual mandatario estatal fue alcalde de Torreón.
El rescate que implica la estrategia de rehabilitación en comento, es uno de los principales retos para los torreonenses, porque tiende a cumplir con el derecho constitucional de acceso al agua potable que corresponde a todo ser humano, lo que exige acometer la tarea de obtener y distribuir el vital líquido desde su estado de naturaleza, hasta el hogar de cada ciudadano.
En efecto, la prestación del servicio público referido corresponde al nivel municipal de gobierno, que en el caso de Torreón está a cargo del SIMAS y por su parte, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila CEAS, existe como organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila, que fue creado para operar en auxilio de municipios que por su escasa población, no tienen los recursos suficientes para atender a las comunidades que se encuentran alejadas de los centros urbanos y por ello, al CEAS también se le conoce como "Simas Rural".
En agosto del año pasado, el alcalde de Torreón Jorge Zermeño Infante denunció que en algunas partes de la ciudad, el servicio de agua potable y saneamiento que está a cargo de la CEAS, son una pesada carga económica para el SIMAS.
Lo anterior, porque el crecimiento de Torreón ha propiciado que algunos de los nuevos fraccionamientos se desarrollen en áreas que hasta hace poco eran rurales, lo cual ha sido aprovechado para crear un sistema de interconexión clandestina para surtir aguas de pozos de SIMAS cuyo costo de mantenimiento y operación paga el organismo municipal, incluyendo el elevado costo de la energía eléctrica, que impone de modo arbitrario la Comisión Federal de Electricidad. En tal escenario, la CEAS cobra sin justificación a los usuarios, el importe de las cuotas por un agua que no suministra y por un servicio de saneamiento que en realidad no presta, lo que constituye un robo en contra del patrimonio de los torreonenses, por parte de la burocracia estatal.
La situación que es objeto de comentario existe hasta el día de hoy desde las administraciones de Eduardo Olmos y Miguel Riquelme y se presenta en al menos sesenta y nueve colonias algunas de ellas residenciales, en las que la prestación del servicio de agua y drenaje, se lleva a cabo mediante dicha operación anómala.
El ominoso precedente referido con anterioridad, hace desconfiar de las intenciones del gobierno en su nivel estatal, y pone en peligro el programa de rehabilitación cuyo comentario nos ocupa.
