Tres hechos ocurridos la semana pasada en los ámbitos local, estatal y nacional, evidencian una vez más las debilidades institucionales que arrastra el país desde hace décadas. En Torreón, la exdirectora de Desarrollo Económico, Andrea Salmón, renunció y denunció presuntas irregularidades en la Ventanilla Universal. El tema cobra relevancia dado que se trata de una de las áreas municipales más importantes en materia de trámites. La exfuncionaria aseguró que en la Ventanilla Universal se están expidiendo permisos para cambios de uso de suelo y licencias mercantiles, entre otros, que no deben emitirse, además de sugerir irregularidades en los cobros de dichos trámites. Para atajarlo, dijo, pretendía establecer mayores controles pero en vez de recibir autorización, lo que ocurrió es que la Ventanilla Universal fue movida de área para pasar a la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.
Las denuncias y quejas por la forma de operar de esta dependencia no son nuevas y vienen de administraciones atrás. Lo más grave del asunto es que, aunque las distintas autoridades en turno han reportado la realización de auditorías, hasta el momento los resultados no se han dado a conocer, lo cual incrementa las dudas sobre la adecuada operación de la Ventanilla Universal y exhibe las debilidades que persisten en el Ayuntamiento de Torreón en materia de rendición de cuentas y controles administrativos.
El otro caso tiene que ver con la deuda de Coahuila. El exgobernador interino (2011) Jorge Torres López fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República el Puerto Vallarta, Jalisco, con la finalidad de extraditarlo a Estados Unidos, quien lo reclama por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude. El acto cobra relevancia por dos cosas fundamentalmente: la primera, porque la solicitud de detención data de hace cinco años y la pasada administración federal de priista Enrique Peña Nieto nunca actuó en consecuencia; y la segunda, porque mientras en España y Estados Unidos avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido en materia financiera en Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira, en esta entidad no hay resultado alguno.
A pesar de la exigencia de un importante sector de la ciudadanía, las dudas persisten sobre el destino de los recursos obtenidos de los créditos que elevaron la deuda de 323 millones de pesos a 36,000 millones, nivel en el que se mantiene con todo y la ingente cantidad de dinero aportada como concepto de servicio de deuda. El hecho de que no haya avances en Coahuila sobre este tema habla también de la debilidad institucional en lo que a rendición de cuentas y transparencia se refiere, además de abrir la puerta a la configuración de un esquema de complicidades desde la estructura gubernamental.
Por último, está el polémico tema de las estancias infantiles en el cual el gobierno federal ha tomado una decisión radical de eliminar el 50% del apoyo a esos establecimientos para otorgárselo directamente a las parejas que necesitan dejar a sus hijos bajo resguardo mientras trabajan. El argumento es que se detectaron anomalías en los padrones de las guarderías y que, para evitar desvíos, es mejor que sean los padres de familia los que decidan qué hacer con el dinero que se destina a ese concepto. El problema con el argumento es que sólo el 3 % de las estancias presenta este tipo de irregularidades, lo cual no justifica la medida, ya que bien pudiera aplicarse una sanción a quienes incurrieron en las anomalías detectadas pero mantener el apoyo a quienes sí están haciendo buen uso del mismo, que es la amplia mayoría. De hecho, el argumento esgrimido en los EUA, curiosamente el mismo de este caso, por republicanos, es que las familias deben ser las únicas en decidir a qué escuelas mandar a sus hijos y no sindicatos, gobiernos o asociaciones. Rarezas de la cuarta transformación que la acercan en esta política al tan criticado neoliberalismo, que centra sus políticas en el ciudadano y no en el gobierno.
Pero existe un problema mayor y que tiene que ver con la imposibilidad de que el gobierno pueda auditar el recurso entregado directamente a las familias para asegurar que se utilice verdaderamente para lo que está etiquetado, es decir, garantizar el resguardo seguro de los infantes mientras sus padres trabajan. Es decir, en vez de corregir adecuadamente una irregularidad y abonar a la transparencia y rendición de cuentas, se abre la puerta a un uso discrecional y descontrolado de los recursos y se priva a las familias de los espacios institucionales que debe garantizar el Estado mexicano para permitir a padres y madres desempeñar sus funciones laborales.
Estos tres casos relatados demuestran una vez más que la debilidad institucional se da en los tres niveles de gobierno, independientemente de los partidos que gobiernen, sea el PAN, en el ámbito local, el PRI, en el estatal, o Morena, en el nacional.
