Menudo lío. El gobierno se encuentra ante la urgencia de dar resultados ante problemas estructurales -seguridad, justicia y educación- que infinidad de veces han sido abordados, pero no resueltos.
Dar resultados no supone, necesariamente, dar soluciones. Y, en estos próximos días, la administración intentará sacar adelante el marco jurídico para instrumentar la posibilidad de dar resultados en el corto plazo, sin la certeza de resolver a mediano y largo término los problemas.
El Ejecutivo requiere de unos cuantos votos en el Congreso de la Unión para, a partir de la legislación en juego, montar el andamiaje que, a su parecer, le permitirá dar respuesta en esos tres campos. Empero, sería delicado confundir soluciones con las salidas de emergencia. La recaída podría ser grave.
No es lo mismo aligerar un problema que resolverlo. En la propuesta legislativa del Ejecutivo para atender la inseguridad, la injusticia y la falta de calidad y equidad en la educación, la oposición se juega la posibilidad de erguirse, hincarse o doblarse frente a la mayoría parlamentaria y, en esa condición, de resurgir o sucumbir ante esa fuerza y, sobre todo, ante el electorado que no optó por Morena o que, habiendo votado por ese partido, reclama matizar los lances del gobierno.
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Consciente del respaldo popular a su actuación, de su innegable instinto, así como del valor del tiempo y la velocidad en la política, el presidente López Obrador no duda en formular apuestas elevadas y, a la vez, sumar ingredientes a su favor, incluyendo polémicas que son territorio de su dominio y campo donde se desenvuelve a gusto.
Es posible que, en efecto, no aprecie la necesidad de fijar prioridad y ritmo a los proyectos que plantea, pero también que su estrategia sea precisamente esa: sembrar mil y un asuntos de distinta relevancia, sobresaturar la agenda y, de ese modo, conjurar, acotar o diluir el debate a fondo de los temas principales e impedir a la oposición partidista, a la resistencia de algunos sectores y a la crítica de algunos organismos sociales concentrarse en los asuntos vertebrales, armar su estrategia y articular su actuación ante ellos.
De ahí que, de pronto, el debate gire en torno a los temas puestos al centro por el mandatario. Asuntos que, si bien pueden ser importantes, no necesariamente son claves. Estancias infantiles, créditos, tandas, plantones, provocaciones, huelgas, recomendaciones, posturas diplomáticas, trenes, compra de pipas, descalificaciones, aeropuertos, programas sociales, consultas, deportes... Tópicos de distinta relevancia ocupan tiempo y espacio político y, por la vía de la sobresaturación, los grandes asuntos avanzan o pasan como cualquier otro.
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De ahí la importancia de prestar particular atención, en los próximos días, al curso del debate parlamentario y el trámite legislativo en torno a tres temas: la creación de la Guardia Nacional; el establecimiento de la prisión preventiva oficiosa en los delitos de robo de combustible, fraude electoral y corrupción; así como a la nueva reforma educativa que pretende semienterrar a la anterior.
Descontando los planteamientos en torno a la política petrolera, aquellos tres asuntos son fundamentales en materia de seguridad, justicia y educación en el presente y el futuro del país.
Si la oposición parlamentaria insiste en el juego del sexenio anterior de canjear iniciativas o de obtener prebendas o canonjías a partir del sentido de su voto, puede darse por sentado que las iniciativas presidenciales pasarán en los términos requeridos por el mandatario, dejando en el aire la pertinencia de ellas.
Si la oposición no es capaz de ajustar y renovar el quehacer político, de tender puentes con organismos de la sociedad y comprometer posturas, la vieja receta de obtener dividendos a costa de legislar al gusto del Ejecutivo y de la perspectiva nacional quizá arroje resultados en el corto plazo, pero no soluciones a mediano y largo término.
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La iniciativa de reforma educativa presentada de conjunto por la oposición puede dar lugar a una mejor legislación en la materia, superior a la sometida por el Ejecutivo y, a la vez, contener las ansias de un sector del magisterio de hacer de la abrogación de la anterior reforma la victoria de su capricho y el arrebato de la rectoría del Estado en la educación, en beneficio sólo del gremio magisterial.
En los otros campos, el de la Guardia Nacional y el establecimiento de la prisión preventiva oficiosa en los delitos antes señalados, es menester ponderar la conveniencia y alcance de las iniciativas de reforma planteadas por el gobierno. En materia de seguridad y justicia no puede repetirse el error de dar resultados de temporal y, luego, toparse de nuevo con el problema acrecentado. Son muchos años de ensayar fórmulas fallidas.
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Es comprensible la urgencia del gobierno por dar resultados a la brevedad posible, pero no dejar de lado las soluciones de fondo que, aunque tomen más tiempo, en verdad atemperen la violencia, la impunidad y la injusticia. Sacar al país de la fosa donde se encuentra, sí, es urgente, pero aun así cuenta la paciencia.
Hay muchos temas en la agenda, sin embargo, los mencionados son claves en el presente y el futuro nacional. Una cosa es hacer historia juntos, otra, por separado y, en esta segunda circunstancia, correr el peligro de confundir el pasado con el futuro.
Apuntes
Ahora que se buscan recursos económicos debajo de las piedras o a costa del despido de buenos y malos cuadros en la administración, llama poderosamente la atención que la austeridad republicana no alcance a las multimillonarias prerrogativas que los mexicanos entregan a los partidos. ¿Qué pasó?
