López Obrador había anunciado con antelación que el lunes 4 de febrero presentaría un plan nacional para atender la problemática de la desaparición forzada en México. El encargado de anunciar el "plan" fue Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Se expusieron unas estrategias pero sin diagnóstico previo.
La ausencia del diagnóstico es muy grave. Sin éste no se sabe desde dónde está entendiendo el gobierno federal el proceso, qué alcances considera. Se pone en duda la capacidad de una comprensión integral de la problemática y queda lejos la posibilidad de que pueda ser atendido como una prioridad social.
Sin diagnóstico, y por lo tanto sin un plan global, el lugar de las víctimas queda a voluntad política de la clase gobernante, abriendo campo a la manipulación o al uso electoral. Sin una ruta clara del reconocimiento de los derechos de las víctimas será el Estado, en un contrasentido, quien conceda derechos a conveniencia, como esta admiración ya lo está haciendo.
Así, sin contar con un diagnóstico inicial que fundamente las estrategias que se van a realizar, se reconoció que, en este momento, las instituciones del Estado mexicano no tienen la capacidad para ofrecer cifras correctas para conocer con exactitud las dimensiones del problema. Este es un síntoma claro de la necesidad de diseñar un plan global antes de redirigir las acciones.
De manera informal se reconoció que el ciclo de violencias iniciado en 2006 deja un saldo hasta ahora de cuarenta mil personas desaparecidas, mil cien fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar en los institutos forenses de los estados. Si bien ya estas son cifras de horror, no se puede descartar que realmente los números deban ser mayores.
Al ser cuestionado por las causas de las desapariciones, Encinas ofreció un escueto análisis: "la absoluta mayoría de las desapariciones son cometidas por particulares vinculados a la delincuencia organizada y se registran en la zona de mayor marginación y pobreza; y las zonas de trasiego, en las rutas de la droga".
El presidente intentó ofrecer su propio diagnóstico. Afirmó que en el caso de las desapariciones se trata de un saldo de la política económica neoliberal, de prácticas de saqueo que han producido la mayor desigualdad en la historia del país. Porque una situación así "no surge de la nada, no es que de repente llegaron a portarse mal".
Con su análisis cayó en una gran contradicción. Denunció que a veces se quieren omitir las causas de la situación actual, y justamente eso hicieron. Omitieron las causas, no ofrecieron un diagnóstico. Habían anunciado que presentarían un plan nacional y lo que apenas hicieron fue enunciar once líneas estratégicas para implementar la ley vigente en materia de desaparición forzada. Dejaron ver algunos avances; sin embargo, las omisiones fundamentales siguen estando allí.
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