Argumento. Se dijo que los estados no tienen derecho a perjudicar a nuevas generaciones.
En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se promovió una iniciativa para establecer que sólo con autorización de la mayoría calificada del Congreso local, los estados y municipios de la República Mexicana puedan contratar obligaciones para el refinanciamiento o reestructura de la deuda pública.
Con el argumento de que "no tenemos derecho a hipotecar el futuro de las nuevas generaciones", el diputado Carlos Sánchez, presentó dicha iniciativa que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, se estableció en un comunicado emitido por el Congreso federal.
El legislador hizo referencia a que las reformas a la Constitución y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aprobadas en los años 2015 y 2016, permitieron que los poderes ejecutivos estatales tuvieran la facultad de contratar créditos a corto plazo, sin requerir la aprobación del Congreso local.
"Se atentó directamente contra el principio básico de la división de Poderes y se dejó en un solo orden de gobierno el manejo de recursos que pertenecen a la generación presente, pero también a las siguientes", manifestó el diputado Carlos Sánchez
Entre 2001 y 2017, las obligaciones financieras del sector público subnacional se incrementaron 60 por ciento, respecto al PIB; es decir, la deuda de las entidades federativas pasó de 1.9 a tres por ciento del PIB.
